Son dos territorios de difícil manejo político a los que se ha adentrado el Presidente de la República a partir de la caída de su carta para presidir la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Yasmín Esquivel Mossa.

Uno es el del propio Poder Judicial de la federación, donde con rapidez extraordinaria el titular del Ejecutivo ha acerado sus críticas, y otro el de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), hacia cuyo rector, y la élite conservadora dominante a la que representa, ha enfilado López Obrador señalamientos duros. A ese acelerado cuadro de oscilaciones políticas ha de agregarse el que corresponde a temas médicos, pero tiene consecuencias institucionales, la ausencia del fiscal general de la República durante un periodo y por motivos específicos aún no suficientemente determinados.

El viernes recién pasado, el Presidente de la República dijo que desde el arribo de la ministra Norma Piña a la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (el pasado lunes 2) “ahora estamos notando que hay más actos que consideramos ilegales y de injusticias en contra del interés público”.

Luego de que el secretario de la Defensa Nacional detalló un caso relacionado con huachicoleo en Tula, Hidalgo, López Obrador adelantó: “vamos a acudir a la Fiscalía; esa es la instrucción que he dado. Vamos a acudir a la Suprema Corte, a la Judicatura, y vamos a dar a conocer aquí los casos, porque estamos hablando de asuntos de interés público”.

El anuncio de una batalla jurídica y mediática contra la corrupción en el ámbito judicial proviene de la convicción en Palacio Nacional de que el tema del plagio de la tesis de licenciatura de Yasmín Esquivel fue detonado para descarrilar el proceso que llevaría a dicha ministra a suceder a Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Ambos, en mayor medida él que ella, constituían la esperanza de López Obrador de impulsar una reforma al Poder Judicial con el sello de la llamada Cuarta Transformación.

El beneficio de ese escándalo académico-político aún en curso no quedó solamente en la asunción de la ministra Norma Lucía Piña Hernández, sino de manera muy evidente en los adversarios del obradorismo que han declarado el arribo de la nueva presidenta de la SCJN como un retorno a un presunto estado de derecho y a una división de poderes constitucionales e incluso, en algunas narrativas sumamente encendidas, como un histórico impedimento a un hipotético “golpe de Estado” y a la consolidación de una “dictadura”.

Las maniobras para llevar a la presidencia de la Corte a una figura asumida por los opositores a la llamada 4T como abanderada propia, y las primeras acciones y decisiones de dicha ministra (en el Instituto Federal de Defensoría Pública, por ejemplo), explican la muy rápida colocación defensiva y ofensiva de López Obrador: basta ver el entorno latinoamericano para confirmar que los gobiernos y procesos políticos de corte popular son confrontados, entrampados y a veces derrocados desde el plano judicial.

Resbaladizo como es el terreno de la batalla en lo judicial, más lo es en el correspondiente a la máxima casa de estudios. El litigio entre el gobierno federal y la UNAM respecto a la institución que debe invalidar el título profesional de Yasmín Esquivel ha derivado al señalamiento ácido de la Presidencia no sólo respecto al rector Enrique Graue, etiquetado como Poncio Pilatos, sino a los grupos de interés que han mantenido el control de esa universidad durante décadas. En año de elección de rector de la UNAM y de postulación de candidatos presidenciales parece riesgoso mover aguas en el ámbito universitario, pero todo indica que en 2023 todas las batallas estarán conectadas.

Y, mientras Adán Augusto López Hernández sigue tan acelerado en su precampaña que le han aparecido videos de personajes futbolísticos declarándose muy “agusto” con él, al repudiado estilo de los influencers del Partido de las Cuatro Mentiras (PVEM), ¡hasta mañana!

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