Lima. La Fiscalía ordenó anoche la liberación de 192 manifestantes y estudiantes detenidos el sábado en la Universidad Nacional de San Marcos. Uno quedó recluido por tener, según las autoridades, una requisitoria. Entre los detenidos había una niña de ocho años que había sido llevada a las dependencias policiales junto con su madre. Al cierre de esta edición, los detenidos todavía no habían sido liberados. Están recluidos en dependencias policiales, un grupo en la Dirección contra el Terrorismo y otro en la Dirección de Criminalística.

La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y el Instituto de Defensa Legal (IDL) presentaron un hábeas corpus exigiendo la libertad de las cerca de 200 personas que fueron detenidas el sábado en un operativo policial denunciado como ilegal. El hábeas corpus alegaba que se violaron los derechos constitucionales y que las detenciones eran ilegales. Se han denunciado maltratos, amenazas, insultos racistas, golpes, vejaciones contra los detenidos, tratados durante el operativo policial en la universidad como si fueran peligrosos delincuentes.

Las imágenes de tanquetas rompiendo las puertas de la universidad más antigua y grande del país, y centenares de policías ingresando violentamente el centro de estudios para hacer masivas detenciones, trajo el recuerdo de oscuros tiempos autoritarios. Una intervención policial en una universidad como la de este sábado en San Marcos no se veía desde la dictadura de Alberto Fujimori en los años 90. Un paso más en el avance autoritario de un gobierno como el de Dina Boluarte, aliado de la ultraderecha y que se sostiene en una represión que ya ha dejado 46 muertos por disparos de militares y policías.

La mayor parte de los detenidos en San Marcos eran manifestantes que llegaron a Lima desde el interior del país para protestar en la capital exigiendo la renuncia de Boluarte y que se alojaban en ese centro de estudios. Estudiantes que en el momento del operativo policial estaban con los manifestantes del interior del país también fueron detenidos. Esta acción policial ha tenido el claro objetivo de amedrentar a los manifestantes antigubernamentales del interior del país concentrados en Lima, buscar desmovilizarlos, presionarlos para que regresen a sus regiones, pero las protestas no cesan.

Hay movilizaciones diarias y bloqueos de vías en distintas regiones del país. Ayer se reportaron choques de policías con manifestantes en la región de Arequipa, cuando en la zona de La Joya fue atacada una comisaría. Se repitieron movilizaciones en Lima, que son diarias desde el jueves pasado, cuando comenzó la llamada “toma de Lima” con una masiva movilización por las calles del centro de la capital –que terminó en represión– con la participación activa de las delegaciones llegadas desde las provincias, a las que se ha atacado con el operativo policial en San Marcos.

Ayer se repitieron las marchas antigubernamentales por distintas calles de Lima. Hasta el cierre de esta edición transcurrían sin incidentes significativos.

Desde temprano, un nutrido grupo se concentró frente a las dependencias policiales donde estaban recluidos los detenidos de San Marcos exigiendo su liberación. Estuvieron ahí varias horas. Hubo manifestaciones celebratorias cuando se enteraron de la decisión de la fiscalía de liberarlos, que esperaban sea ejecutada.

“Este operativo policial en San Marcos ha sido ilegal y arbitrario. Comenzó sin presencia de los fiscales, lo que abrió un escenario de violaciones a los derechos fundamentales de los detenidos. Fueron tirados al piso boca abajo, esposados, maltratados, insultados, vejados, algunos golpeados, se les privó de ser asistidos oportunamente por abogados, fueron exhibidos ante la televisión como delincuentes. Esto ha sido una muy grave ruptura de la legalidad, algo que solamente habíamos visto en la época de Fujimori”, declaró a Página/12 Carlos Rivera, abogado del IDL.

El estado de emergencia no da luz verde al maltrato

Rivera precisó que el estado de emergencia, esgrimido por las autoridades como escudo para justificar esa intervención policial, no da luz verde a este tipo de acciones. “Esta ha sido una acción irracional y desproporcionada que rompe incluso lo que autorizan los estados de emergencia”. El abogado anunció denuncias legales contra el ministro del Interior, Vicente Romero, y los jefes policiales responsables del operativo y las detenciones. “Vamos a formular las denuncias penales y constitucionales que correspondan. No podemos permitir que vejaciones a la dignidad y libertad de las personas pasen desapercibidas”.

Para este martes se ha convocado a una “marcha nacional” con la consigna “Dina, renuncia ya”. En la plataforma de las protestas también se demanda la renuncia del presidente del Congreso, el general de ultraderecha José Williams, con pasado de acusaciones por violaciones a los derechos humanos, a quien le tocaría remplazar a Boluarte si ésta renuncia, lo que no es aceptado. Sanción para los culpables por las muertes de la represión, el adelanto de elecciones para este año, un referendo para una Asamblea Constituyente, y en menor número la libertad de Pedro Castillo, son las otras demandas que movilizan las protestas que una brutal represión no han podido detener.