El próximo miércoles el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) cumplirá 300 días trabajando con el número mínimo de comisionados que le exige la ley para funcionar, pues sólo cuenta con cinco de los siete comisionados que conforman su pleno –el órgano de dirección de la institución– y se acerca la fecha en la que uno más, el comisionado Francisco Javier Acuña, concluirá su periodo, lo que podría dejar a este organismo autónomo por primera vez en su historia en la inoperancia.

Frente a esta situación, los comisionados del instituto han adelantado que estudian una estrategia legal que les permitiría continuar trabajando incluso con cuatro comisionados y que prepara una propuesta de reforma legal para impedir que la falta de nombramiento de sus integrantes paralice a la institución.

Desde que Óscar Guerra y Rosendoevgueni Monterrey concluyeron sus periodos como comisionados del INAI en marzo de 2022, el pleno del instituto trabaja con solo cinco integrantes: la comisionada presidente Blanca Lilia Ibarra, las comisionadas Norma Julieta del Río y Josefina Román, así como los comisionados Acuña y Adrián Alcalá.

Aunque en su momento el Senado –órgano responsable de la designación de los comisionados del INAI– emitió una convocatoria para la renovación de las vacantes y contaba con una lista de aspirantes y mecanismos para evaluarlos, tras 10 meses esos puestos siguen vacíos, a pesar de que por mandato constitucional el Pleno el INAI debe contar con siete comisionados y un mínimo de cinco para cumplir con sus labores, que según la ley consisten en “vigilar el cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales en materia de transparencia, acceso a la información y protección de datos personales, así como de velar porque los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, eficacia, objetividad, profesionalismo, transparencia y máxima publicidad guíen todas las actividades del instituto”.

La falta de dos integrantes ya causa dificultades en la operación, pues como la ley indica que se requiere de un mínimo de cinco para validar las sesiones, si uno de los comisionados se enferma, es difícil que se realice una sesión.

Acuña Llamas termina su periodo el próximo 31 de marzo. Según la norma, al menos 60 días antes debería empezar el procedimiento para designar a su relevo.

Aunque en marzo se deben concretar los nombramientos pendientes, el procedimiento toma varias semanas porque incluye la revisión de documentos, entrevistas y evaluaciones a una amplia lista de candidatos, así como acuerdos entre distintas fracciones parlamentarias.