Brasilia. El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, destituyó al comandante del ejército, Júlio César de Arruda, informaron ayer fuentes de las fuerzas armadas, a 13 días de los ataques a las sedes de los tres poderes del Estado en Brasilia.
Arruda asumió el cargo interinamente en diciembre, días antes del fin del gobierno del ex presidente ultraderechista, Jair Bolsonaro, y fue confirmado por la administración de Lula. Será remplazado por el general Tomás Ribeiro Paiva, comandante militar del sureste en Sao Paulo desde 2021.
Fuentes de la presidencia dijeron que ayer Lula se reunió con el ministro de Defensa, José Múcio, para definir el nombramiento del nuevo comandante del ejército.
Esta semana, Ribeiro Paiva, durante un discurso en una ceremonia castrense en Sao Paulo, señaló que los militares “continuarán garantizando la democracia”.
Por su parte, el director general de la policía federal de Brasilia, Andrei Rodrigues, solicitó medida de prisión para Anderson Torres, ex ministro de Justicia, así como el secretario de Seguridad de Brasilia, y alegó “delito de omisión” al considerar que no hubo cumplimiento del deber para impedir que bolsonaristas invadieran el Congreso, el palacio presidencial y el Tribunal Supremo Federal.
Lula afirmó la semana pasada que hubo complicidad interna de las fuerzas de seguridad en la asonada del pasado 8 de enero en Brasilia, por la que más de 2 mil personas fueron detenidas. Anunció una “revisión profunda” de su entorno y que privilegiará en su gobierno a funcionarios de carrera civil sobre militares.
El Tribunal Supremo de Brasil mantendrá en prisión a 942 personas por participar en el asalto, informó el juez Alexandre de Moraes, tras concluir el análisis de la situación de las mil 406 personas que continuaban detenidas. De ellas, 464 obtuvieron la libertad provisional con medidas cautelares, informó el diario O Globo.
A las 942 personas que permanecen presas se les cambió el estatus de “bajo detención flagrante” a “detención preventiva”, es decir, sin plazo para liberación.
La oficina de Moraes indicó, sobre las personas que continuarán detenidas, que el juez considera que hay indicios de que son culpables de actos “terroristas”, asociación delictiva, abolición violenta del Estado democrático de derecho, intento de golpe de Estado, así como amenaza, persecución o incitación al delito.
