Ciudad de México. Desde la pandemia, alrededor de 5 mil personas –cerca de mil familias– han hecho del espacio público su lugar de trabajo, ya sea en los cruces peatonales o en corredores turísticos como las colonias Roma, Condesa, Centro Histórico y Coyoacán, entre otros, donde hacen malabares, limpian parabrisas, venden frutas y flores, cobijas, así como dulces, cigarros y otros artículos, o simplemente piden limosna, de acuerdo con un registro de la Secretaría de Bienestar e Inclusión Social (Sibiso).

Entre ellas se encuentra la familia de Miguel Aguilar, quien todos los días llega desde Ixtapaluca, en el estado de México, a un crucero de la alcaldía Benito Juárez. Después de tres intentos por ingresar a la UNAM y a la UAM, el joven decidió unirse a sus parientes que se dedican a vender mesas de servicio de madera y percheros de aluminio, entre otros artículos, para apoyar al ingreso familiar.

“Somos cuatro, pero como traemos lo mismo, nos vamos a diferentes semáforos”, contó, al precisar que llegan a las 11 de la mañana y se retiran a las seis de la tarde.

Como él, Alberto Vázquez, de San Nicolás Totolapan, en la alcaldía Magdalena Contreras, vende flores en una esquina. Dos veces a la semana acude por paquetes de rosas a la Central de Abasto, que después las ofrece a los automovilistas en 75 pesos la media docena.

Ambos llevan más de cinco años trabajando en la calle, pero coinciden en que durante la pandemia creció el número de personas en los cruceros.

La directora ejecutiva del Instituto de Atención a Poblaciones Prioritarias (IAPP), Nadia Troncoso, detalló que se trata de familias que proceden en 90 por ciento de municipios conurbados, principalmente del estado de México, mientras el resto son de alcaldías rurales como Milpa Alta, Xochimilco y Magdalena Contreras.

“Es un fenómeno que se intensificó durante la pandemia, y lo que hemos detectado es que son familias enteras con menores de edad, en los que está el papá o la mamá o algún tutor en un mismo sitio o desplegados en varios puntos. Se llevan entre 400 o 500 pesos al día y se regresan a su lugar de origen, no viven en el espacio público”.

Dijo que la prioridad ha sido atender a los menores de edad y a adultos mayores, pues se han identificado casos de explotación que se han remitido a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, pero se está analizando cómo se pueden incorporarlos a los programas sociales del gobierno federal desde sus comunidades, porque hay personas con discapacidad, por ejemplo, que ignoran que pueden acceder a apoyos económicos.