Ciudad de México. Desde hace más de dos años, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC) ha intentado enjuiciar al ex magistrado José Ángel Mattar Oliva como presunto responsable de los delitos de abuso de autoridad y tratos degradantes, pero ni siquiera se ha realizado la audiencia inicial porque cinco jueces a los que ha correspondido conocer del caso se han excusado.

Funcionarios del Poder Judicial de la Federación (PJF) revelaron que entre los argumentos que los juzgadores han esgrimido para no celebrar la audiencia inicial e imputar al ex magistrado están cuestiones de amistad, haber sido su alumno o tenerle estima.

El 1º de marzo de 2019 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la instalación de la FECC, y el 14 de mayo de ese año, a partir de una denuncia presentada por el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) en su contra, se inició la carpeta de investigación FED/FECC/FECC-CDMX/0000001/2019. Fue el primer expediente de ese órgano de la Fiscalía General de la República (FGR).

El 8 de agosto de 2020, la FECC, a cargo de María de la Luz Mijangos Borja, solicitó la audiencia inicial para formular imputación en contra del ex magistrado Oliva Mattar. La judicialización del expediente se realizó ante el Centro de Justicia Penal Federal con sede en Cancún, Quintana Roo; sin embargo, el procedimiento se ha diferido o suspendido en cinco ocasiones.

El magistrado es recordado en el ámbito judicial porque en julio de 2006 abrió la puerta para que se juzgara por primera vez en la historia del país a un ex mandatario, al estimar que había elementos suficientes para acusar de genocidio a Luis Echeverría Álvarez y librar orden de aprehensión contra éste.

Mattar Oliva consideró a Echeverría uno de los responsables de fraguar “un plan para destruir de manera parcial al grupo nacional opositor al gobierno denominado Consejo Nacional de Huelga, integrado por estudiantes y simpatizantes del movimiento estudiantil de 1968”.

Su historia cambió cuando en 2019, el CJF le inició un procedimiento disciplinario de oficio, y mediante la resolución con número 19/2019-III se le sancionó conforme a “las disposiciones en materia de responsabilidades administrativas, situación patrimonial, control y rendición de cuentas”. Incluso el ex magistrado buscó que el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación le revocara la sanción.

Información del CJF señala que se presentó una denuncia en contra de Mattar Oliva. El caso se judicializó y la audiencia inicial se fijó para el 24 de septiembre de 2020. Sin embargo, de acuerdo con fuentes jurisdiccionales, un día antes de la diligencia, el juez a quien correspondía el asunto se excusó para conocer el procedimiento.

La audiencia inicial se pospuso hasta el 7 de octubre de 2021. Ese día comenzó la diligencia, pero el defensor de Mattar Oliva dijo que en virtud de que su cliente se había inyectado morfina para paliar su padecimiento (que no se precisa en las actuaciones), no podía hablar y el juez la difirió para el 4 de noviembre de ese año.

Sin embargo, el 29 de octubre de 2021, la defensa de Mattar Oliva solicitó la recusación del nuevo juez asignado. El juzgador nombrado para desahogar la diligencia se declaró excusado. El caso se fue hasta el 8 de marzo de 2022, pero se difirió para el 1º de abril. A pesar de ello, el 25 de marzo, Mattar Oliva solicitó la recusación del juez Jesús Alejandro Ávila Gutiérrez. La audiencia se volvió a suspender por la dispensa del juzgador.

El 30 de mayo de 2022, el PJF emitió un acuerdo para que la audiencia se celebrara el 27 de junio, y dos días antes de que se llevara a cabo se promovió un nuevo recurso de recusación.

A la fecha no se ha emitido ningún acuerdo para que la FGR impute los delitos de abuso de autoridad y tratos degradantes al ex magistrado Mattar Oliva. Tampoco existe registro de queja contra los jueces que se han excusado o de la posible comisión de delitos contra la administración de la justicia por no agilizar la diligencia.