El presidente de la sala especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Rubén Lara Patrón, lamentó que frente a infracciones de funcionarios públicos las resoluciones de esa sala son “meramente declarativas”, pues la norma les impide sancionarlos.

En un año estuvieron en esta condición 116 personas del servicio público, acusadas de hacer uso indebido de la pauta (mensajes divulgados en radio y televisión), violaciones cometidas en redes sociales y vulneraciones a los principios de imparcialidad, independencia y equidad en contiendas electorales.

El tema toma relevancia frente a la cercanía del inicio del proceso electoral federal 2024, dijo.

Contrario a partidos políticos y particulares que sí reciben amonestaciones y multas, frente a servidores públicos sólo pueden dar “vista” al superior jerárquico para que tome las medidas conducentes, pero el TEPJF no puede verificar si se atiende su resolución.

“La imposibilidad de hacer diligencias de cumplimiento genera que nuestras determinaciones sean meramente declarativas, no tengan ningún tipo de eficacia frente a conductas irregulares y no cumplan con la función ontológica primordial que tienen, que es garantizar la debida observancia de la norma”, dijo en la presentación de su informe de labores correspondiente al primero de noviembre de 2021 al 31 de octubre de 2022.

La situación puede generar un aliciente para que se actúe fuera de la ley, con la tranquilidad de que las autoridades tal vez ni siquiera analicen si la conducta amerita o no una sanción, advirtió.