Washington. A dos cuadras de la Casa Blanca, cientos de intelectuales, abogados, activistas en defensa de derechos civiles, legisladores y periodistas se reunieron en el Club Nacional de Periodistas para demandar que el presidente Joe Biden deseche todos los cargos criminales contra Juilan Assange y ponga fin a la persecución del fundador de Wikileaks, quien se encuentra encarcelado en Inglaterra en la antesala de ser extraditado a Estados Unidos.

El Tribunal Belmarsh, llamado así por el nombre de la prisión donde está ahora Assange, incluyó testimonios sobre los crecientes intentos para usar leyes estadunidenses y la “seguridad nacional” para minar la libertad de prensa, como también para informar sobre reuniones recientes con el presidente de México, Andres Manuel López Obrador, y otros mandatarios latinoamericanos, quienes han ofrecido su apoyo en el esfuerzo internacional para liberar al periodista australiano. Los organizadores del foro informaron que otras 5 mil personas participaron ayer de manera virtual.

Assange está formalmente acusado de violar la “Ley de Espionaje” –promulgada hace un siglo para perseguir a espías alemanes durante la Primera Guerra Mundial– por obtener y publicar documentos militares y diplomáticos secretos. “Obligar al gobierno a rendir cuentas es central a la misión de una prensa libre y una democracia funcional”, afirmó en el foro Katrina vanden Heuvel, directora de la revista The Nation, publicación que ha exigido desde el inicio del caso que los cargos sean desechados.

A fines del año pasado, The New York Times, The Guardian, Le Monde, Der Spiegel y El País –todos los cuales publicaron material secreto entregado por Wikileaks– emitieron una carta abierta llamando a que el gobierno de Estados Unidos anule los cargos contra Assange.

Noam Chomsky, hablando vía videoconferencia desde su residencia en Arizona, agregó que “la Ley de Espionaje no tiene lugar en una sociedad libre y democrática”, y afirmó que “no debe sorprendernos que está siendo utilizada para castigar a periodistas… informar a los ciudadanos qué está haciendo el gobierno en su nombre es un delito imperdonable en opinión de muchos mandatarios”.

Daniel Ellsberg, quien hace más de 50 años fue el funcionario estadunidense que filtró los llamados Papeles del Pentágono al The New York Times, declaró ayer que la Ley de Espionaje tiene un conflicto fundamental con los derechos de libre expresión garantizados por la Primera Enmienda de la Constitución.

“A los políticos electos no les gusta ser cuestionados sobre las decisiones que toman”, explicó Jeremy Corbyn, el ex líder del Partido Laboral británico, quien acudió a Washington para participar en este tribunal. “Pero eso es fundamental para una democracia funcional”, subrayó al llamar a políticos electos en Estados Unidos a sumarse a la demanda de que Washington desestime los cargos contra Assange, y en referencia a éstos advirtió que “su silencio hace que las cosas sean peor para Julian Assange, su silencio hace que las cosas estén peor para la democracia”.

En tiempos recientes, varios senadores estadunidenses, incluyendo Bernie Sanders, Elizabeth Warren y Ron Wyden, así como diputados como Ro Khanna han condenado la persecución de Assange, pero aunque Biden si deploró el acoso de periodistas cuando era candidato, ha permitido que proceda la solicitud para extraditar al australiano.

Ben Wizner, un abogado especializado en libertades civiles estadunidenses y quien ha defendido a varios filtradores de información oficial, comentó ante el tribunal que los documentos oficiales divulgados por Wikileaks –algunos de los cuales fueron personalmente distribuidos por Assange en este mismo Club Nacional de Periodistas hace una década– fueron esenciales para comprobar que elementos de las fuerzas militares estadunidenses estaban asesinado intencionalmente a civiles en la guerra en Afganistán, que aliados de Washington estaban torturando a prisioneros y que los estadunidenses tenían “sitios negros” donde martirizaban a “sospechosos”.

Entre las partes más emotivas de la sesión del Tribunal Belmarsh este vienes fue el informe de Kristinn Hrafnsson, editor en jefe de Wikileaks, de sus visitas con cinco mandatarios latinoamericanos quienes se han sumado al llamado para liberar a Assange.

El periodista islandés, quien tuvo que participar por video por consejo de sus abogados de que podría correr peligro de ser arrestado si viajaba a Estados Unidos, subrayó que López Obrador “ha apoyado de manera constante a Julian”.

El aplauso más fuerte de la sesión fue cuando Hrafnsson informó que el presidente mexicano se había comprometido a abordar este tema con el presidente Biden (https://www.jornada.com.mx/2023/ 01/17/politica/003n1pol).

De hecho, el caso estadunidense contra Assange ha sido debilitado de manera significativa por la publicación de nuevas directrices sobre procuración judicial del Departamento de Justicia publicadas en octubre de 2022, las cuales explícitamente evitan acusar a organizaciones de noticias que reciben y publican información oficial clasificada, incluyendo de fuentes anónimas, como se configura en las acusaciones contra Assange.

Hrafnsson indicó que, con base en estas nuevas directrices, 17 de los 18 cargos en la acusación estadunidense contra Assange deberían ser descartadas.

El integrante del consejo de Progressive International –organizador de este tribunal– Srecko Horvat, quien presidio el evento junto con la periodista estadunidense Amy Goodman, concluyó el evento llamando al gobierno de Biden a desechar los cargos contra Assange e instó: “nos corresponde a todos presionar al gobierno de Biden para que actúe”. El evento cerró con un video de Roger Waters tocando Wish You Were Here.