La discusión central hoy, al menos en América Latina, ronda alrededor de la tensión entre soberanía del pueblo y soberanía del Estado.
En sus reflexiones sobre las movilizaciones chilenas de 2019, Martín Hopenhayn subrayaba ( Nexos, octubre) que el origen de aquéllas estaba en la dicotomía entre un Chile que presumía el PIB per cápita más alto de la región, el índice más bajo de pobreza y una amplia expansión del crédito para el consumo, frente a la brutal desigualdad, en Chile, en 2017, el uno por ciento más rico detentaba 26.5 por ciento de la riqueza, mientras el 50 por ciento más pobre accedía a 2 por ciento de la riqueza.
Chile, primer acto. En 2019 el aumento del precio del boleto de Metro en cuatro centavos de dólar aunado al incremento de tarifas eléctricas y el alza en algunos productos alimenticios; más declaraciones estúpidas de algunos ministros: el de Hacienda, quien sugirió a los manifestantes que compraran flores, por más baratas, y el de Economía, quien aconsejó a estudiantes levantarse temprano para aprovechar la tarifa baja del Metro, fueron el combustible que incendio la pradera de la sociedad.
Con liderazgos, voceros y representantes inestables frente al gobierno de los partidos y otras instituciones, se viraliza y saltan desde todos los barrios grupos de jóvenes que se distribuyen entre manifestaciones, tomas de estaciones de Metro y destrucción de la infraestructura de las mismas.
Chile segundo acto. En 2020 se somete a plebiscito la opción de una nueva constitución. La que existía la había impuesto Pinochet durante su dictadura, aunque había sufrido algunos cambios en las presidencias de Ricardo Lagos y Michelle Bachelet. Además, se votaría nombrar a una comisión dentro del Poder Legislativo o elegir a constituyentes como un cuerpo separado de los poderes constituidos. Como apunta Hopenhayn, el plebiscito votado el 25 de octubre no sólo aprobó la opción por una nueva Constitución en una proporción de cuatro quintos: en similar medida ganó la opción por una Convención Constituyente y elegir a sus 155 miembros por sufragio popular. La revuelta de 2019 gatilló un movimiento multiforme a partir de tres referentes: como extroversión de un profundo descontento latente relacionado con desigualdades, impunidades, privilegios y tratos indignos; como amalgamamiento de muchas demandas dispersas que lograron converger, pero también como aprendizaje in situ al calor del estallido mismo (Hopenhayn, Nexos, 2020).
Chile, tercer acto. En mayo de 2021 se eligieron 155 constituyentes. Los resultados conmocionaron a la clase política entera. De éstos, cerca de 100 no militaban en partido alguno. La derecha política no alcanzó el tercio de integrantes que le hubiera permitido vetar propuestas. Se presentan dos vertientes transversales que cruzan el debate y amenazan con desbarrancar las actividades de la convención: por una parte, el agravio o el abuso como lo llama el historiador y antropólogo chileno José Bengoa ( The Clinic, febrero 2022), que incluyen a todas las diversas luchas de matriz cultural, el colectivo LGBT+ y los pueblos originarios (mapuches y la igualdad de género, como ejemplos destacados). Por el otro, las demandas contra la desigualdad: salarios, educación y fondos de pensiones, que provienen de los movimientos estudiantiles y de los movilizados en 2019.
Chile cuarto acto. En noviembre de 2021 se realizan elecciones legislativas, en las cuales la derecha obtuvo mayoría en el Senado y mayor presencia en la Cámara de Diputados. Además, disputa con ventaja en la primera vuelta presidencial, pero pierde ante la coalición progresista con Gabriel Boric al frente, con 56 por ciento del voto.
Notable avance de la derecha a meses de su derrota aplastante en las elecciones constituyentes. Ante este relato la pregunta significativa es ¿por qué un año después se rechaza la nueva constitución?
