La institucionalidad de Estados Unidos está por iniciar un juicio contra uno de los suyos. De acuerdo con la información disponible, desde que Genaro García Luna reorganizó al gusto de los gobernantes gringos la vieja Policía Judicial Federal (que hasta fue rebautizada “AFI”, en una mala traducción de FBI) y hasta su captura en Dallas, el sujeto del proceso actuó en función de los intereses de su propia mafia y los de las autoridades de Washington, pero nunca para servir a México, a su población y a sus instituciones.
Los vínculos de García Luna con la delincuencia organizada fueron denunciados desde los tiempos de la usurpación calderonista (https://is.gd/Qp2mLd). Sin embargo, los altos funcionarios de Estados Unidos jamás hicieron algo en torno a tales señalamientos, ni en público ni en privado: es significativo, al respecto, que en los cables del Departamento de Estado filtrados por WikiLeaks y por La Jornada en 2011 se expresan sospechas sobre la participación de algunos funcionarios del calderonato en el narcotráfico –es el caso, por ejemplo, de uno de los procuradores de Felipe Calderón, Arturo Chávez Chávez (https://is.gd/YrohQ0)–, pero el nombre de García Luna sólo está asociado a elogios y evaluaciones positivas. Sin embargo, Washington –al igual que Calderón, desde luego– sabía de los nexos del ex secretario de Seguridad con el cártel de Sinaloa, de acuerdo con la declaración de Roberta Jacobson, representante de Estados Unidos en nuestro país entre 2016 y 2018 (https://is.gd/WkWpvN).
Para poner las cosas en contexto, hay que recordar que las imputaciones contra García Luna incluyen el periodo en que operó la destrucción de la seguridad pública de México (es decir, 2006-12), que es justo el tiempo en que la oficina estadunidense de control de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego (ATF, por sus siglas en inglés) le enviaba al cártel de Sinaloa miles de armas de alto poder (https://is.gd/o0doe5) y la DEA le lavaba el dinero (https://is.gd/tgZOhu) procedente de la explotación de las rutas de tráfico de cocaína diseñadas dos décadas antes por la CIA (https://is.gd/TK3MqJ). Otro dato que debe tenerse en mente es que el acusado de Nueva York fue llevado al cargo por un individuo que, a su vez, fue incrustado en el sillón presidencial con la participación protagónica de la embajada de Estados Unidos en México (https://is.gd/6lxViL) y que los primeros actos relevantes de Calderón tras cruzarse en el pecho una banda presidencial robada fueron declarar una “guerra contra la delincuencia” –en realidad una guerra en contra de la población y en favor de una de las facciones delictivas–, así como preparar la firma de la Iniciativa Mérida, que fue su marco de colaboración con George W. Bush para la reorganización sangrienta del narcotráfico entre ambos países.
Después de todo aquello, García Luna vivió e hizo negocios durante siete largos años en territorio de Estados Unidos, sin que las autoridades de ese país le causaran la menor molestia. La información disponible, en suma, lleva a concluir que el egresado de la Universidad de Miami fue, desde hace mucho tiempo, un operador de Washington en México. Y en este sentido es por demás relevante la petición de los fiscales en el juicio de Nueva York en el sentido de que la defensa del acusado omita toda referencia a las distinciones, elogios y apapachos que recibió de funcionarios estadunidenses en tanto se desempeñó de secretario de Seguridad Pública de México –por más que, a decir de Jacobson, las autoridades estadunidenses estaban al tanto de sus vínculos con la delincuencia narca–, en lo que resulta un obvio intento de dejar fuera del juicio las responsabilidades de Washington en el narcotráfico y de encubrir a las instituciones del país vecino involucradas en el negocio.
Una pregunta fundamental cuya respuesta tal vez nunca conozcamos es por qué el gobierno de Estados Unidos decidió actuar contra su operador tras lustros de fructífera y armónica colaboración, un cambio de actitud semejante al de Washington con el panameño Manuel Antonio Noriega.
Así de oscuro es el contexto en que se efectuará el publicitado proceso de Nueva York. Al igual que contra El Chapo Guzmán, no será un esclarecimiento justiciero, sino más bien una operación de control de daños, una individualización de graves responsabilidades institucionales, una exoneración tácita de altos culpables y tal vez también un soterrado ajuste de cuentas entre dependencias del gobierno estadunidense. Cabe esperar al menos que uno de los subproductos de ese proceso sea una imputación formal contra el antiguo jefe del inculpado: Felipe Calderón Hinojosa. Pero hay que tenerlo claro: en la realidad, ni él ni García Luna estuvieron nunca al servicio de México; sirvieron, en cambio, a algunos de los más turbios intereses del país vecino.
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