Nueva York. El próximo lunes arrancará el debate entre los fiscales y la defensa en el juicio de Genaro García Luna ante el jurado finalmente constituido este jueves, pero ambos ahora tendrán que ajustar sus estrategias bajo nuevas decisiones del juez que, entre otras cosas, excluye del proceso la presentación de elogios al acusado por parte de altos funcionarios estadunidenses que deseaba usar la defensa, como también no permitir que los fiscales muestren la riqueza acumulada por ex secretario de Seguridad Pública desde que dejó el cargo como prueba de su relación corrupta con el cártel de Sinaloa.

Con el jurado listo para escuchar el próximo lunes los argumentos de apertura por los fiscales federales del Departamento de Justicia y después los abogados de defensa sobre si el ex jefe policiaco de México es culpable de participar en una conspiración de tráfico de cocaína, incluyendo aceptar sobornos multimillonarios del cártel de Sinaloa entre 2001 y 2012, las nuevas órdenes del juez afectarán la narrativa que presentarán ambas partes y a la vez confirmó algunos de los testigos que podrían presentarse.

El juez Brian Cogan, quien preside el juicio, aprobó la solicitud de los fiscales de no permitir a la defensa presentar declaraciones de elogio o recomendación de García Luna por parte de altos funcionarios estadunidenses cuando estaba en el gobierno, señalando que si la defensa desea invitar a algunos de estos a testificar en la corte, puede hacerlo aunque serían sometidos a contrainterrogatorios; sí permitirá la introducción de hasta cinco fotografías del acusado con estos altos funcionarios estadunidenses como parte de los argumentos de apertura y conclusión del juicio.

Las decisiones del juez en la orden registrada la noche de ayer sobre condiciones para el interrogatorio de ciertos testigos confirmaron algunos de los nombres de ex narcotraficantes y funcionarios que los fiscales están contemplando convocar durante el juicio, entre ellos: Jesús El Rey Zambada García; uno de los hermanos Cifuentes Villa (no se menciona el primer nombre en la orden); Sergio El Grande Villarreal Barragán; uno de los hermanos Arriola Márquez, y Édgar Veytia, ex procurador de Nayarit, condenado en Estados Unidos en 2019 por su colaboración con el narcotráfico.

Tal vez lo más sorprendente de las decisiones de Cogan fue a favor de la defensa al aprobar su solicitud de excluir evidencia sobre la riqueza del acusado acumulada después de 2012, año en que dejó el gobierno y estableció su empresa de asesoría de seguridad en Miami. “Ausente evidencia de que el estilo de vida costoso del acusado fue financiado por el cártel de Sinaloa, evidencia de su riqueza pos-2012 es irrelevante”, determino el juez.

Pide evitar temas como los actos de canibalismo

Cogan también emitió decisiones sobre peticiones de los fiscales para prohibir el contrainterrogatorio de algunos testigos acerca de ciertos temas, algunos alarmantes, incluyendo actos de canibalismo, violencia sexual contra mujeres, conspiraciones de asesinatos y creencias sobre extraterrestres.

En la tarde del jueves culminó el proceso de selección de los 18 integrantes del jurado después de un proceso de depuración de un grupo final de 40 candidatos (de los 400 que participaron al inicio) realizada por los fiscales y los abogados de defensa bajo supervisión de una juez magistrada. El jurado quedó conformado por siete mujeres y cinco hombres, con tres mujeres y tres hombres como suplentes.

El jurado ahora se prepara para escuchar las declaraciones de decenas de testigos, ver parte de las más de un millón de páginas de documentos y material gráfico, como también grabaciones de comunicaciones intervenidas, entre otras pruebas que presentaran los fiscales para convencerlos de que el acusado es “culpable más allá de la duda razonable” de los cinco cargos criminales en su contra.

El jurado también escuchará los argumentos de la defensa, la cual hará todo para sembrar justo esas dudas razonables sobre el caso presentado por los fiscales. Vale subrayar que sólo la fiscalía tiene que convencer al jurado de la culpabilidad del acusado mientras que la defensa no está obligada a comprobar su inocencia; el acusado en un caso criminal es “presunto inocente” hasta que el jurado diga otra cosa.

Bajo las órdenes del juez, las identidades de los 18 integrantes del jurado serán mantenidas en el anonimato –incluyendo sus nombres, lugares de trabajo y otros datos personales– y su traslado al y del Tribunal Federal del Distrito del Este de Nueva York será bajo protección de los alguaciles federales.

El juez Cogan establecerá las reglas de cómo procederá el juicio a partir del lunes, cuando las partes presenten sus argumentos de apertura y empiece el desfile de testigos y presentación de pruebas. Entre esos testigos habrá, según indicaron los fiscales, varios ex narcotraficantes, en su mayoría mexicanos.

El juicio se enfocará sobre los cuatro cargos criminales por participación del acusado en una conspiración de narcotráfico de cocaína y la importación y distribución de la droga en Estados Unidos, incluyendo Brooklyn (para establecer jurisdicción de este tribunal), mucho de lo cual gira en torno a la acusación de que García Luna cuando ocupaba altos cargos públicos –primero director de la Agencia Federal de Investigaciones y después la Secretaría de Seguridad Pública entre 2001 y 2012– aceptó sobornos multimillonarios del cártel de Sinaloa para proteger sus negocios. El quinto cargo es por declaraciones falsas a las autoridades estadunidenses.

La acusación contra García Luna afirma que él continuó participando en estas actividades ilícitas de alguna manera hasta 2019, cuando fue arrestado en Dallas, Texas, y poco después trasladado al Centro de Detención en Brooklyn, donde ha esperado este juicio.

Desde su arresto no han cesado las especulaciones sobre si durante el proceso judicial del funcionario público mexicano de más alto rango jamas enjuiciado en un tribunal estadunidense quedaran manchados otros políticos, funcionarios y hasta periodistas en acusaciones por testigos o por otras evidencias. Vale recordar que el juez Cogan, cuando presidió el juicio de Joaquín El Chapo Guzmán Loera en esta misma corte, limitó de manera estricta las declaraciones de testigos cuando implicaban a otros políticos que no tenían relevancia inmediata a los cargos contra el acusado, incluyendo las que salpicaron a ex presidentes mexicanos. A la vez, fue en ese proceso que surgieron por primera vez en público las versiones de los sobornos a García Luna.

Se espera, según cálculos de los fiscales y el juez, que el juicio dure unas ocho semanas.

El acusado enfrenta una condena máxima de cadena perpetua y una mínima de 20 años de prisión si es declarado culpable.