La juez María de Jesús Acosta decretó la sustracción de la acción de la justicia contra dos directivos de grupo Afirme por no presentarse a la audiencia de imputación por el delito de abuso de retención de 130 millones de pesos de participaciones federales, tras una denuncia presentada por el gobierno de Baja California, encabezado por la morenista Marina del Pilar Ávila Olmeda.

Este caso se relaciona con un contrato que firmó el ex gobernador Jaime Bonilla (2019-2021), también de Morena, con la empresa Next Energy para construir una planta fotovoltaica en el Valle de Mexicali, que al final no se edificó, pero como había una cláusula que permitía a Banca Afirme retener participaciones federales vía un fideicomiso, la hizo valer y se quedó con los recursos qué Ávila reclama.

La audiencia con causa penal 5312/2022 y número único de caso 02-2022-10453 se realizó ayer a las nueve de la mañana en la sala 6 del centro de justicia Río Nuevo. La juez decidió reprogramar la diligencia de uno de los imputados para el próximo 26 de enero en el mismo horario y sala debido a que no se presentaron los otros dos acusados.

Los tres directivos del banco fueron denunciados por el gobierno del estado porque Afirme se negó a reintegrar alrededor de 123 millones de pesos, más los intereses generados, tras la cancelación del convenio con Next Energy.

En octubre del 2021, el secretario de Hacienda estatal, Marco Moreno Mexía, informó a los medios de comunicación que se había demandado a varios ex funcionarios e integrantes de Next Energy debido a que el acuerdo para hacer una planta fotovoltaica era “leonino” y que ese proyecto ni siquiera contaba con permisos de operación.

Finalmente, la compañía decidió cancelar el contrato junto con el gobierno de Baja California; sin embargo, para garantizar el pago mensual se creó un fideicomiso en Banca Afirme para hacer los descuentos a las federales; el primer cobro (de 123 millones de pesos) se realizó en octubre del 2021, por lo que la administración estatal interpuso amparos y solicitó en dos ocasiones la devolución del dinero.

Ante la negativa de la institución bancaria, el gobierno estatal entabló la denuncia por abuso de retención en contra de los administradores. A la par, la Fiscalía General del Estado investiga a los ex funcionarios que firmaron el contrato.