¿A qué vinieron a México Joe Biden y Justin Trudeau (disfrazados de “líderes” de América del Norte)? Se sabe que a defender los intereses de sus respectivas trasnacionales, que de México han hecho su paraíso, pero ahora sale a relucir un elemento no incluido en la agenda oficial –o pública si se prefiere– del encuentro trilateral de la semana pasada. Si bien en su momento se especuló sobre ese punto, hoy es realidad y nada grata.

Entonces, además de la defensa a ultranza de los intereses de sus trasnacionales, ¿a qué vinieron, pues? Sencillo: cual buitres, obviamente por el litio, cuando menos para obtener sendas rebanadas –mientras más gruesas mejor– del llamado “nuevo oro blanco”, el cual –ley de por medio– fue declarado de utilidad pública y reservado a México y los mexicanos, “por lo que no se otorgarán concesiones, licencias, contratos, permisos o autorizaciones en la materia y serán consideradas zonas de reserva minera aquéllas en que haya yacimientos de litio. Se reconoce que el litio es patrimonio de la nación y su exploración, explotación, beneficio y aprovechamiento se reserva en favor del pueblo de México” (decreto presidencial del 20 de abril de 2022, publicado en el Diario Oficial de la Federación).

Por si fuera poco, otro decreto del 23 de agosto de 2022 establece que “la exploración, explotación, beneficio y aprovechamiento del litio quedan exclusivamente a cargo del Estado, y se llevarán a cabo por el organismo público descentralizado que determine el Ejecutivo federal en términos de las disposiciones aplicables”, de tal suerte que “se garantiza la soberanía energética de la nación sobre el litio y demás minerales que resulten estratégicos y necesarios para la transición energética, la innovación tecnológica y el desarrollo nacional”.

Pero algo falló, y todo indica que abrieron las puertas a gringos y canadienses, y el encargado de dar algunos detalles de esa parte de la agenda privada –por llamarle así– de la “cumbre trilateral” fue, ni más ni menos, que el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo (un enamorado de Grupo México, de Germán Larrea, amo y señor en esa entidad), encargado, a la vez, de supervisar y “coordinar” la puesta en marcha y operación de LitioMx, la empresa del Estado resultante de la decisión presidencial de reformar la Ley Minera y poner en marcha la exploración y explotación del litio para beneficio de la nación y de los mexicanos.

¿Qué dijo Durazo? “La exploración y explotación corresponde a LitioMx, porque el litio es propiedad de la nación. Nada más que LitioMx no tiene tanto dinero como el que se requiere invertir para la explotación, Consecuentemente, vamos a dar pie a la asociación con empresas privadas, con particulares, con la condición de que sus plantas de aprovechamiento se instalen en Sonora para generar empleos aquí en el estado. Número uno, generación de empleos; número dos, pago de impuestos (como si la nueva empresa del Estado no estuviera obligada a ello) y consecuentemente incremento del presupuesto del estado que se traduce en mayor capacidad de respuesta de las demandas sociales, Y claro, en el caso de la asociación con Estados Unidos ya se definió que la explotación del litio se hará preferentemente con aquellas empresas de América del Norte, del bloque comercial de América del Norte, del que forma parte nuestro país”, o lo que es lo mismo, con consorcios privados estadunidenses y canadienses.

Entonces, ¿dónde quedó la ley que obliga a “no otorgar concesiones, licencias, contratos, permisos o autorizaciones en la materia y serán consideradas zonas de reserva minera aquellas en las que haya yacimientos de litio. Se reconoce que el litio es patrimonio de la nación y su exploración, explotación, beneficio y aprovechamiento se reserva en favor del pueblo de México”.

Si la justificación oficial para dar rebanadas a dichos consorcios foráneos es que “LitioMx no tiene tanto dinero como el que se requiere invertir para la explotación” (Durazo dixit), entonces la situación se agrava cuando se constata que para 2023 la nueva empresa del Estado no tiene presupuesto.

Las rebanadas del pastel

Los bancos Santander y Scotiabank se han ganado a pulso sendas denuncias por hostigamiento telefónico (todos los días de 7 a 21 horas, sin fallar y permanentemente). Exigen el pago de créditos que habría contratado un tercero y no este tecleador, quien nunca ha sido cliente de esas instituciones… ni lo será. Dirán que es asunto de las agencias de cobranza, pero ¿quién les paga por su servicio?