Parecería que, en la actualidad, las expresiones de las derechas en América Latina y el Caribe han repuntado. Esta afirmación podría inferirse por los más recientes acontecimientos que se han producido en algunos países de la región a inicios de 2023, tal como aconteció en Brasil con el fallido golpe de Estado contra el presidente Luiz Ignácio Lula da Silva, o en las protestas violentas de las derechas bolivianas en Santa Cruz contra el gobierno del Movimiento al Socialismo (MAS). Pero, sin duda, donde han tenido un triunfo parcial es en Perú con la imposición de Dina Boluarte como presidenta de esa nación andina y su consecuente represión generalizada contra las protestas populares.

Desde el golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022 contra el presidente democráticamente electo, Pedro Castillo Terrones, las derechas peruanas se han afianzado en el gobierno con la represión. El golpismo se generó en Perú por la decisión de los sectores reales del poder, ubicando en la primera magistratura a la vicepresidenta Dina Boluarte, nueva mandataria que en menos de dos meses ha generado una alianza con los sectores tradicionales de esas derechas peruanas que habían perdido la presidencia en las elecciones de junio de 2021. Han ejercido el poder generando una dura represión que suma 49 fallecidos hasta mediados de este mes, en los enfrentamientos que la policía y las fuerzas armadas han desplegado contra las protestas de amplios sectores de campesinos, indígenas, estudiantes, mineros, comerciantes informales y grupos populares de la formación social peruana.

La protestas de amplios sectores populares que se han generalizado en casi todo el territorio peruano, han tenido como demandas fundamentales la renuncia de la misma Boluarte y el cierre del Congreso dominado mayoritariamente por los partidos y por los grupos de poder de las derechas tradicionales. Pero también se ha reivindicado la demanda de una nueva Constitución para derribar el orden legal que estableció el ex presidente Alberto Fujimori. Pero una demanda fundamental de las marchas y cierres de carreteras por pobladores de diversas comunidades andinas ha sido la liberación de Pedro Castillo, mandatario que sin duda ha contado con el respaldo popular y no de 27 por ciento que, según el índice de aprobación, daba la encuesta de IPSOS en noviembre pasado. Incluso a escala latinoamericana, otros gobiernos de la región han manifestado su condena al golpismo peruano, como han sido los presidentes Andrés Manuel López Obrador, de México; Gustavo Petro, de Colombia; Luis Arce Catacora, de Bolivia, y Alberto Fernández, de Argentina. También se han sumado los gobernantes de Honduras, Cuba, Venezuela y Nicaragua, entre otros. Condena por la que la misma Dina Boluarte y el propio Ministerio de Relaciones Exteriores de Perú, en comunicado oficial (15/12/22) señaló: “En la fecha, la cancillería ha dispuesto el llamado a Lima en consultas de nuestros embajadores en Argentina, Bolivia, Colombia y México, en reacción a la intromisión en los asuntos internos de Perú por parte de las más altas autoridades de los aludidos países, cuyas declaraciones cuestionan la sucesión presidencial realizada”. Recordemos que incluso el mismo gobierno de Boluarte declaró persona no grata al embajador mexicano Pablo Monroy Conesa, a quien dio 72 horas para abandonar su territorio en virtud de las declaraciones del Presidente mexicano, que según otro comunicado oficial de la misma cancillería peruana (20/12/22), resultaron “especialmente graves en circunstancias en que el país enfrenta una situación de violencia incompatible con el ejercicio del legítimo derecho que asiste a toda persona de manifestarse pacíficamente”. Pensemos que lo que más irritó a las golpistas autoridades peruanas, fue la protección y el asilo que el gobierno mexicano otorgó a la familia del presidente Castillo.

En esa lógica del gobierno golpista, fue la prohibición de que Evo Morales así como otros dirigentes del MAS de Bolivia, pudieran ingresar a territorio peruano, coyuntura en que el mismo ex presidente boliviano manifestó por Twitter: “La crisis política que afecta al hermano pueblo peruano, al Perú profundo especialmente, fue provocada por la conspiración permanente de la derecha fujimorista y medios derechistas contra un gobierno elegido en las urnas cuyo ‘delito imperdonable’ fue representar a los más pobres”.

Sin duda, la situación represiva del golpismo peruano ha sido condenada mundial y nacionalmente; incluso la propia fiscalía de Perú inició una investigación contra la presidenta de facto y contra el primer ministro, Alberto Otárola, y otros funcionarios del gobierno involucrados en la represión por “genocidio, homicidio calificado y lesiones graves”. Todo ello en el marco de la brutal represión contra opositores en el territorio nacional. La Comisión Internacional de Derechos Humanos (CIDH) ha manifestado también su condena por la violencia generada por las fuerzas de seguridad y por aquellos sectores que han protestado contra esa represión estatal.

Lo real de la actual coyuntura peruana es que la oligarquía de la nación andina ha retomado el control del poder estatal y ha reforzado con los medios de comunicación una intensa campaña contra los sectores populares que han generado una gran protesta social. Coyuntura de descontento que no había alcanzado tal nivel de respuesta en más de 20 años de la vida política de ese país sudamericano. En tal situación, parece que las derechas peruanas tienen que poner sus barbas a remojar. Tal como es la tendencia, si la situación se revierte como aconteció en el caso boliviano, las masas indígenas, campesinas, trabajadoras, estudiantiles y movimientos sociales y populares podrán lograr cambiar la correlación de fuerzas para que de nueva cuenta a corto y mediano plazos retomen mayores espacios del poder político en Perú.

* Profesor del Programa de Posgrado en Estudios Latinoamericanos, UNAM