Lima. Miles de peruanos provenientes de la costa, de la sierra y de la selva llegaron ayer a Lima para sumarse hoy a la Marcha de los Cuatro Suyos o la “toma de Lima”, en desafío al estado de emergencia impuesto por la presidenta Dina Boluarte para frenar las protestas, que han dejado más de 50 muertos y 600 heridos desde el 7 de diciembre

“Dina, renuncia ya”, es el lema de las protestas, que exigen también el cierre del Congreso, una Asamblea Constituyente y la liberación de Pedro Castillo, presidente destituido y encarcelado luego de que intentó disolver el Congreso hace casi mes y medio.

La policía reforzó esta semana la vigilancia en las carreteras de ingreso a Lima ante las caravanas de manifestantes que han partido desde distintas regiones del país hacia la capital, que suspendió los festejos por los 488 años de su fundación, que se cumplieron ayer.

Al menos 43 personas han muerto en más de un mes de protestas. Otras ocho personas han fallecido en accidentes de tránsito relacionados o al quedar bloqueadas en las carreteras y no poder llegar a hospitales, y un policía fue quemado vivo en su patrulla en Juliaca, región de Puno.

Boluarte, quien pidió perdón por las recientes víctimas y reafirmó que no va a renunciar, extendió la semana pasada el estado de emergencia por 30 días para Lima, Puno y Cusco, que han sido focos de las protestas.

La emergencia, que restringe los derechos como la libertad de tránsito, de reunión y seguridad personales, faculta a las fuerzas armadas a ayudar a mantener el orden público.

Grupos de derechos humanos acusaron a la policía y al ejército de usar armas de fuego mortales en las protestas. Los uniformados alegan que los manifestantes han usado armas y explosivos caseros.

En tanto, estudiantes de la estatal Universidad Nacional Mayor de San Marcos tomaron parte de la casa de estudios y dejaron ingresar en la madrugada de ayer a decenas de manifestantes que llegaron del interior, informaron medios locales.

“Hacemos un llamado extensivo a la comunidad estudiantil y público en general a brindar su apoyo solidario mediante donaciones para la alimentación y alojamiento de nuestros compañeros que se encuentran en pie de lucha”, publicó la Federación Universitaria de San Marcos en Facebook.

Egresados de San Marcos y activistas ambientales anunciaron que se unirán a la marcha nacional de hoy, informó el diario La República.

En el distrito de Pucusana, unos 60 kilómetros al sur de Lima, un cordón policial detenía vehículos para un control de sus ocupantes, según imágenes de la televisión local y publicaciones en las redes sociales.

La policía se enfrentó antenoche con cientos de manifestantes que llegaron a la capital en los últimos días, provenientes del distrito de Chota, región de Cajamarca, donde nació y vivió Castillo antes de llegar a la presidencia. La represión se repitió ayer en Lima.

La Defensoría del Pueblo rechazó toda expresión de violencia en la gran marcha, y confirmó el derecho a la protesta pacífica, pese a la vigencia del estado de emergencia.

Advirtió que corresponde a las fuerzas policiales garantizar el desarrollo de movilizaciones pacíficas respetando estrictamente los principios de legalidad, necesidad, proporcionalidad y humanidad en el uso de la fuerza, si ello fuera necesario.

Recalcó que la participación de las fuerzas armadas cuando hay estado de emergencia se encuentra limitada a dar apoyo a la policía, no a suplir su labor ni participar en patrullajes o detenciones.

Esta advertencia llega horas después de que informes forenses evidenciaron que las fuerzas del orden que reprimieron manifestaciones antigubernamentales en diciembre pasado, en Ayacucho, y dispararon a matar siguiendo el patrón de un entrenamiento militar para la guerra y no para controlar multitudes.

“Es importante recordar que las detenciones sólo pueden llevarse a cabo por personal policial en caso de flagrante delito. En tal supuesto, estos funcionarios deben identificarse y dar a los detenidos un trato adecuado respetando su integridad”, subrayó la Defensoría.

En ese contexto, Luis Humberto Béjar, sacerdote argentino que pidió por TikTok la renuncia de Boluarte y criticó las muertes de manifestantes, abandonó Perú luego de que su obispo le ordenó renunciar a su parroquia en Juliaca.

“Me animé a decir que la paz se conseguirá con la renuncia de la actual presidenta. No me arrepiento de haber dicho eso y lo diría 50 veces más. Asesinaron en tres horas, si no me equivoco, a 17 personas, muriendo otra más en el transcurso de los días posteriores, porque estaba herida”, denunció Béjar, quien era párroco de la iglesia Santa Isabel de Pucará, en la región sureste de Puno.

El pasado día 9 en Juliaca –la ciudad comercial más importante de Puno y fronteriza con Bolivia– un grupo de manifestantes fue abatido por la policía mientras buscaba ingresar al aeropuerto regional. El mismo día un policía fue asesinado y su cuerpo quemado junto a una patrulla en una calle de esa ciudad.

“Algunos comentan que los manifestantes murieron. No han muerto de enfermedad, son personas a las que se les aerrebató la vida”, señaló Béjar, quien vivió 26 años en Puno y es teólogo por la Pontificia Universidad Católica Argentina y doctor en educación en la Universidad Católica Santa María de Arequipa. El sacerdote también era catedrático en la Universidad Nacional del Altiplano de Puno.

La Confederación General de Trabajadores de Perú ultimó los detalles del paro nacional convocado para este jueves en la Plaza 2 de Mayo de Lima, con las demandas que incluyen la salida de Boluarte.