París. La creación de un impuesto mínimo mundial sobre los beneficios de las empresas tiene el potencial de generar cada año 220 mil millones de dólares de ingresos fiscales adicionales para los países de todo el mundo, cifra más alta de lo esperado, de acuerdo con un nuevo análisis de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

Cerca de 140 países se preparan para aplicar el próximo año un acuerdo alcanzado en 2021 sobre los derechos de los gobiernos a gravar a las multinacionales, con el fin aumentar la recaudación de grandes empresas digitales como Apple y Amazon, que actualmente tienen sus sedes fiscales en países de bajas tasas tributarias.

La OCDE calcula que el impuesto mínimo generaría 220 mil millones de dólares, es decir, 9 por ciento del impuesto de sociedades mundial, frente a los 150 mil millones de dólares calculados con anterioridad.

Según la OCDE, este aumento se debe sobre todo a que los beneficios de las multinacionales son mayores ahora que hace un par de años, ya que 50 por ciento procede de los grandes grupos digitales.

El impuesto mínimo mundial se estructura en dos pilares. El primero pretende reasignar 25 por ciento de los beneficios de las mayores multinacionales del mundo para que tributen en los países donde están sus clientes, independientemente de la ubicación física de las empresas.

El segundo pilar pretende fijar un tipo impositivo mínimo mundial de 15 por ciento para el gravamen de sociedades, permitiendo a los gobiernos aplicar una carga complementaria a ese nivel sobre cualquier beneficio contabilizado en un país con un tipo inferior.

Como resultado de la mayor cobertura de beneficios, se considera que el segundo pilar genera ahora ganancias fiscales de entre 13 mil y 36 mil millones de dólares.

Aunque los países en desarrollo han criticado la reforma por temor a salir perdiendo, el análisis actualizado de la OCDE concluye que los países de renta baja y media son los que más se beneficiarían de la reasignación de los derechos fiscales.

Al mismo tiempo, según la OCDE, los centros de inversión de baja imposición en los que las multinacionales han registrado sus beneficios hasta ahora acabarían renunciando a más derechos fiscales de los que se les asignan.