Gilda Margarita Austin Solís, madre del ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex) Emilio Lozoya Austin, apeló ayer al “sentido humano y de justicia” del presidente Andrés Manuel López Obrador para que las autoridades acepten el acuerdo reparatorio propuesto por la defensa del ex funcionario, consistente en el pago de más de 10 millones de dólares, “ya que es lo mejor para todas las partes” y así ella y su hijo puedan recuperar su libertad.

La audiencia intermedia del proceso, que debía realizarse este martes en el Centro de Justicia Penal Federal con sede en el Reclusorio Norte, de la Ciudad de México, se pospuso para el próximo 10 de marzo a las 12 horas, a petición de la defensa y en contra de la opinión de la Fiscalía General de la República (FGR).

El juez Genaro Alarcón López concedió la posposición, con lo cual los defensores ganaron tiempo para buscar el posible acuerdo reparatorio sin enfrentar una condena.

Casi al final de la sesión, Austin Solís, quien participó por videoconferencia desde Alemania, pidió la palabra para enviar un mensaje a López Obrador. Dijo que confiaba en que se “sancione a los verdaderos culpables” de haber utilizado los recursos entregados a su hijo a manera de sobornos, para que se asignaran contratos millonarios en obras de Pemex a la constructora brasileña Odebrecht.

Emilio Lozoya y Gilda Margarita Austin Solís, así como Gilda Susana, hermana del ex director de Pemex, fueron acusados por la FGR de haber cometido los delitos de cohecho, operaciones con recursos de procedencia ilícita y asociación delictuosa.

La audiencia se realizó en formato híbrido, con Lozoya presente en la sala y su madre a través de la conexión.

Última fase

Ayer estaba programada la audiencia intermedia, el momento en el que se inicia el enjuiciamiento. La FGR tendría que haber formulado los cargos contra el ex director de Pemex y su madre y tendrían que haberse definido las pruebas con las cuales se desarrollaría el proceso penal hasta llegar a la sentencia.

La etapa intermedia del proceso es importante porque es la última fase en la que el imputado tiene la posibilidad de que se le brinde el criterio de oportunidad y se convierta en testigo colaborador.

En ese caso, Lozoya podía haber quedado en situación de testificar cuando se hagan acusaciones contra ex funcionarios y ex legisladores presuntamente implicados en los sobornos y con ello en la aprobación de las reformas energéticas que se realizaron durante el gobierno de Enrique Peña Nieto.

Pero desde el principio la defensa de Lozoya solicitó el diferimiento de la audiencia, para lo cual argumentó que apenas hace unos días la FGR entregó ocho discos con 46 archivos, así como cuatro horas de grabaciones y 900 fojas y los abogados no habían tenido tiempo de preparar sus alegatos.

El juez Alarcón López aceptó la propuesta de los defensores, a lo cual se opusieron los representantes de la FGR, quienes señalaron que “existe un límite dentro de lo razonable. Estamos listos para llevar a cabo la audiencia hasta las últimas circunstancias y para determinar la responsabilidad de Emilio Lozoya, por el cual se pide al tribunal que se impongan 46 años de prisión y 22 años para Gilda Margarita Austin.

“No queremos que se generen dilaciones innecesarias”, añadió el Ministerio Público Federal.

“Todos estos aplazamientos han tenido un costo al erario, a la Fiscalía y a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). Pero el costo más considerable es la incertidumbre jurídica y esa no la merece usted, señor Emilio; usted, señora Gilda, ni el pueblo mexicano.”

“Sentido humano”

Casi para concluir la audiencia, Gilda Margarita Austin Solís pidió la palabra para realizar el llamado al “sentido humano” del Presidente. “Me duele verme involucrada en estos actos. He estado en cinco prisiones en Alemania, tengo más de mil días en prisión domiciliaria y más de tres años sin ver a mis nietos”, agregó.

“Señor juez: al igual que los abogados, siento que lo mejor es llegar a un acuerdo, es lo mejor para todas las partes. Mi hijo ha cumplido al denunciar a todos los funcionarios del sexenio pasado, incluido el de más alto rango y ha ofrecido pagar lo que las autoridades le exigen, poniendo en garantía mi casa donde he vivido 47 años y otras propiedades de mi familia, que hemos adquirido a lo largo de varias generaciones, por lo que pido se tome una decisión al respecto de un acuerdo reparatorio.”