A casi dos años de que la Secretaría de la Función Pública (SFP) identificara anomalías en el proceso de reconstrucción de los edificios del Instituto Politécnico Nacional (IPN) dañados por el sismo de 2017, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) dio inicio a la siguiente fase del proceso de investigación, en la que todas las partes pudieron presentar sus alegatos por escrito.
Al respecto, César Iglesias, profesor del IPN, consideró que el organismo educativo “no puede permitir que se pierda este juicio”, pues los fondos presuntamente malversados que sea capaz de recuperar serían fundamentales para mejorar su actual infraestructura.
En entrevista con La Jornada, el docente recordó que tras los sismos ocurridos en septiembre de 2017, se formó un comité de reconstrucción –del cual formó parte– que calculó en unos 980 millones de pesos el costo de los trabajos que debían hacerse para rehabilitar al Politécnico, con base en dictámenes elaborados por los directores responsables de obra que analizaron los inmuebles.
Entre las unidades académicas que presentaron daños, puntualizó, se encontraban los Cecyt 10, 11 y 15, la ESCA Tepepan, las Esime Culhuacán y Azcapotzalco, la Escuela Superior de Medicina y el Centro Interdisciplinario de Ciencias de la Salud-Milpa Alta, algunos de cuyos edificios incluso tenían dictamen de demolición.
Sin embargo, añadió Iglesias, tras la llegada de Mario Alberto Rodríguez Casas como nuevo director del IPN en diciembre de 2017, el funcionario disminuyó el avalúo original de 980 millones de pesos que debía pagar la aseguradora que había contratado el instituto, a sólo 109.5 millones.
Pese a dicho cambio, “al final la reconstrucción terminó costando 499 millones, por lo que el perjuicio para el Politécnico (por la diferencia que debió pagar) fue de 389.5 millones. La SFP determinó que quien dio el visto bueno al seguro para que pagara una cantidad menor fue el entonces secretario de Administración, Jorge Quintana Reyna”, a quien se considera responsable de esa “falta grave”.
Luego de que el proceso se quedara en una “prolongada pausa” desde febrero de 2021, en el contexto de la pandemia de covid-19, el pasado 9 de enero el TFJA declaró abierto el periodo de alegatos, en el que las partes involucradas tuvieron cinco días hábiles para mandar por escrito sus posturas sobre el tema.
“Las autoridades del IPN no pueden permitir que se pierda este juicio, porque es indispensable garantizar que ese dinero sea repuesto y la infraestructura del Politécnico pueda recuperarse. La pelota está en la cancha del Poder Judicial y no debe permitir que siga el encubrimiento a funcionarios corruptos”.
