La crisis forense que se vive en el país, con alrededor de 56 mil cuerpos sin identificar, es resultado “del abandono institucional durante décadas en áreas claves para el esclarecimiento e investigación de hechos delictivos”, en las cuales no se puso atención a los procedimientos forenses para fortalecerlos, no se crearon instituciones ni se formaron profesionales en la materia, coincidieron Morris Tidball-Binz, relator especial de la Organización de Naciones Unidas (ONU) sobre ejecuciones extrajudiciales; Roxana Enríquez, directora del Equipo Mexicano de Antropología Forense, y Mercedes Doretti, directora para Centro y Norteamérica del Equipo Argentino de Antropología Forense.
En una conferencia internacional en la materia, Tidball-Binz destacó que esta situación que lacera a miles de familias no es actual, sino que data de muchos años atrás, pero se agudizó en las recientes dos décadas. Recordó que tan sólo en 1991, en un informe de Amnistía Internacional (AI) sobre México, ya se señalaba como una de las recomendaciones atender la necesidad de contar con servicios forenses adecuados para documentar las violaciones a derechos humanos.
“Ese diagnóstico se fue repitiendo a lo largo de los años y de manera más elocuente por la voz de las familias”, sostuvo.
A su vez, Roxana Enríquez expuso que cuando se reflexiona sobre la crisis forense “es hablar de años de impunidad”, de que no se fortalecieron las acciones forenses, ni se formó a profesionales para la identificación de cuerpos ni para dar un trato digno a las víctimas.
“Lo vemos reflejado en la crisis que corresponde a las fosas comunes y en los procesos actuales de exhumación que tienen los sitios de enterramiento clandestino”, mencionó.
Por su parte, Doretti reconoció que en los últimos cinco años ha habido un cambio importante en el abordaje de esta problemática. Los familiares de personas desaparecidas han impulsado una ley general en la materia, las acciones de búsqueda y las nuevas tecnologías, así como métodos de identificación forense, como el Centro Nacional de Identificación Humana.
Sin embargo, señaló que todavía se tienen importantes desafíos, entre ellos está el que al tener tantos nuevos actores involucrados, puede implicar una mayor fragmentación de información forense.
Asimismo, dijo, “tenemos un problema grave en cuanto a cooperación interinstitucional, esencialmente entre la Comisión Nacional de Búsqueda y la Fiscalía General de la República”.
Doretti y el relator de la ONU propusieron que sería conveniente que ante la situación actual en cuanto a la atención de la crisis forense, exista una mesa o una comisión nacional de coordinación forense en la que participen todas las organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, familiares y sociedad civil, donde se expongan los trabajos en la materia, para que la información sea pública.
