Buenos Aires. Al cumplirse siete años de la detención política, ilegal y arbitraria de la líder del movimiento social Tupak Amaru, Milagro Sala en Jujuy y ante la decisión de la justicia de esa provincia, gobernada por el derechista Gerardo Morales, de aplicar una nueva condena por 13 años más, apoyada recientemente por la Corte Suprema de Justicia, centenares de organizaciones humanitarias, sindicales, profesionales, sociales y personalidades de todo el país pidieron al presidente, Alberto Fernández, la libertad de la dirigente.

Esto sucede cuando el gobernante Frente de Todos (FdT) prepara su estrategia para enfrentar el bloqueo a las reuniones extraordinarias de diputados del Congreso de la nación, dispuesto por la dirigencia de la derechista alianza Juntos por el Cambio, tratando de extorsionar al gobierno para que suspenda el juicio político a la Corte Suprema de Justicia, cuyas resoluciones favorecen a esa coalición en todo el país.

Entre las razones presentadas para el juicio a la Corte, figura el inexplicable y repudiado reciente fallo del máximo tribunal al avalar la persecución y hostigamiento judicial contra Sala, ya que el gobernador Morales maneja abiertamente a la cúpula de la justicia de Jujuy, configurándose como un caso de lawfare, guerra sicológica y persecutoria que funciona con medios de comunicación asociados con el poder político y sus organismos de inteligencia.

Todas las causas contra Sala fueron armadas, como se ha demostrado con la intervención del sistema interamericano de derechos humanos ante las acciones ilegales de las autoridades de Jujuy, logrando que Milagro Sala esté en prisión domiciliara en los últimos tiempos.

“El Estado debe responder ante los órganos del sistema interamericano y del sistema universal de protección de DDHH por los atropellos de las autoridades políticas y judiciales de Jujuy, convalidados por la Corte Suprema, en la persecución arbitraria a Milagro Sala”, escribió en las redes sociales Horacio Pietragalla, Secretario de Derechos Humanos de la nación.

El 16 de enero de 2016, Milagro Sala, dirigente de la Tupac Amaru, elegida diputada del Parlamento del Mercado Común del Sur no pudo asumir, por la orden de detención que dio ese día el gobernador Morales, que argumentó “instigación a cometer ilícitos" cuando una manifestación de esa organización social ante la casa gubernamental solicitaban el reconocimiento a las cooperativas que habían construido centenares de viviendas para los sectores más desprotegidos de esa provincia

Ayer una marcha de la Tupac Amaru recorrió las calles de San Salvador de Jujuy reclamando por la libertad de Sala y por la situación social mientras ayer los organismos de derechos humanos, sindicalistas, diputados del FdT y dirigentes sociales exigían lo mismo vía indulto, y coincidieron en que este caso "lesiona la democracia" en una reunión en la Asociación de Trabajadores del Estado para pedir la libertad de Sala y anunciar que presentarán ante el presidente de la nación los fundamentos legales y basados también en organismos internacionales para decretar el indulto.

El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) advirtió que a la detención de Milagro Sala se le da un "uso político del encarcelamiento" a través de la "construcción de una sucesión de acusaciones para disciplinarla", reiterando que el "hostigamiento político y judicial" que sufre la referente de la Túpac Amaru afecta su salud, señaló el periódico Página/12.

“Una bandera de reivindicación de los humildes” dijo el dirigente de la central de Trabajadores Argentinos (CTA) y también diputado Hugo Yasky al referirse a Milagro Sala y fundamentó que "cuando no se cumple la ley, se vulneran los derechos humanos o el Estado de derecho, y las garantías constitucionales en una provincia, le compete la intervención al Presidente de la Nación".

Entre otros organismos estaba la Liga Argentina por los Derechos Humanos mientras que el presidente la Asamblea Permanente de derechos humanos Eduardo Tavani, aportó además la adhesión de Hijos y de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora como Taty Almeida y Vera Jarach.

Por su parte, el secretario general de ATE Capital, Daniel Catalano, destacó que "la democracia está en terapia intensiva porque hay un poder judicial que atenta contra ella de manera permanente (…) porque cuando el Poder Judicial no funciona, ¿quién nos garantiza el derecho como ciudadanos? Milagro no puede estar presa ni un día más”.

"Cómo no vamos a exigir, no pedir, exigir el indulto y la libertad de Milagro", dijo Taty Almeida a Página/12. “Si hay alguna salida instamos al Presidente a que la tome, con tal que esta mujer, esta querida amiga, esta patriota, recupere la libertad”, reclamó a su vez a Estela de Carlotto.

Por otra parte la agencia de noticias oficial Télam informó que el juez Daniel Rafecas, confirmó que en el Batallón Patricios del Ejército Argentino, importante sede militar , funcionó un Centro Clandestino de Detención, lo cual ayudará a sobrevivientes y víctimas de la pasada dictadura a a ubicar un lugar que hasta ahora no habían podido reconocer.