Brasilia. El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, apartó ayer a 40 militares destacados en la residencia presidencial, luego de prometer una “revisión profunda” del personal tras el intento de golpe de Estado el pasado día 8.
La medida, publicada en el Diario Oficial de la Unión, afecta a funcionarios adscritos a la coordinación del Palacio de la Alvorada, domicilio oficial de los jefes de Estado.
Los militares apartados son de rangos bajos (soldados, cabos, sargentos), algunos de los cuales prestaban seguridad al lugar, y seguirán ligados a las fuerzas armadas, aunque en otras actividades, según el portal de noticias G1.
La decisión da continuidad a un anuncio del mandatario de izquierda, de 77 años, que la semana pasada expresó desconfianza sobre algunos uniformados que cumplen funciones auxiliares en las sedes de gobierno.
Lula dijo entonces estar convencido de que hubo complicidad interna y de miembros de las fuerzas de seguridad en el asalto a edificios oficiales en Brasilia, el día en que cumplía una semana de regresar al poder.
El 8 de enero miles de simpatizantes del ex presidente Jair Bolsonaro invadieron y arrasaron el Palacio de Planalto (sede de la presidencia), el Congreso y el Tribunal Supremo Federal, buscando la caída del presidente. Destruyeron parte de la infraestructura, vandalizaron salas y dañaron obras de arte invaluables.
“Alguien les facilitó la entrada aquí”, dijo Lula la semana pasada en referencia a los desmanes en Planalto.
El ex líder metalúrgico subrayó entonces que la revisión del equipo de trabajo buscará privilegiar a “funcionarios de carrera, de preferencia civiles”. “No puede permanecer aquí adentro alguien sospechoso de ser bolsonarista radical”, afirmó.
Lula intentará reunirse de aquí al viernes con los comandantes de las fuerzas armadas, informó ayer la jefatura de gabinete.
La matanza de Carandiru
La presidenta del Tribunal Supremo Federal, Rosa Weber, suspendió el decreto de Bolsonaro que podría beneficiar a policías condenados por la histórica matanza perpetrada en la prisión de Carandiru en 1992.
El 2 de octubre de ese año, 111 detenidos fueron asesinados en una intervención de la policía militar que buscaba controlar un motín en dicho penal, para la época el mayor de América Latina, con unos 8 mil internos. La matanza tuvo lugar cuando se desplegó un vasto operativo de seguridad para contener una riña entre presos que desembocó en una rebelión generalizada. Según la acusación, los presos fueron ejecutados, mientras la defensa de los policías alega que éstos dispararon en legítima defensa, amenazados y agredidos por los prisioneros amotinados. Tras la matanza, el penal de Carandiru fue clausurado.
