¿Dónde estamos en la tragedia de los desaparecidos? A cinco años de la entrada en vigor de la Ley general en materia de desaparición de personas, funcionarios de Naciones Unidas y del gobierno federal, así como colectivos de familiares y de derechos humanos se reunieron para responder la pregunta.

“Pese a la riqueza de todas las herramientas existentes, el incremento del número de ciudadanos desaparecidos registrado desde la fecha de nuestra visita al país (noviembre de 2021) es en extremo preocupante: más de 109 mil 800 personas están registradas como desaparecidas. La magnitud de esta situación da cuenta de que a pesar de todos los esfuerzos realizados por las víctimas, sus allegados y las organizaciones que las acompañan, así como algunas autoridades del Estado, las desapariciones continúan a diario, reflejando un patrón crónico de impunidad”, resumió, en su participación virtual en el auditorio del Museo Memoria y Tolerancia, Carmen Rosa Villa, presidenta del Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada.

Volker Türk, alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, envió un duro mensaje virtual en español (no es su “idioma de trabajo”, pero quiso mostrar empatía con las víctimas, dijo el moderador): México “no ha actuado con firmeza para combatir este crimen atroz que afecta a cientos de miles. Una parte fundamental de esa respuesta consiste en implementar todo el contenido de la ley de manera efectiva sin demora”.

Sostuvo que la ley mexicana es un “documento sólido que ha inspirado a otros países a revisar sus propios marcos jurídicos y existen avances alentadores, como la creación de instituciones especializadas” para la búsqueda. Sin embargo, la impunidad sigue siendo “casi absoluta”.

La ley mencionada, manifestó en su turno Laura Curiel, fue resultado de la exigencia de las “familias movilizadas” que durante largo años buscaron contar con un “instrumento adecuado”. Integrante del Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México, Curiel valoró la creación de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) y sus similares estatales, aunque lamentó que en un tercio de las 32 comisiones “funcionen con menos de 10 personas”. La activista –quien busca a su hija Daniela, desaparecida en 2015 en el estado de México– reprochó también el desinterés de las fiscalías (el “gran atorón”, según expusieron varios participantes).

Morris Tidball-Binz, relator especial de la ONU sobre ejecuciones extrajudiciales, fue más lejos y recordó su amistad con doña Rosario Ibarra de Piedra: “Su lucha era tenaz, pero solitaria”. Una “lucha fantástica” con la que Ibarra “logró rescatar a 178 desaparecidos y la excarcelación de más de 2 mil”.

El escenario estaba repleto de carteles y mantas que forman ya parte del paisaje cotidiano de las plazas en muchas partes del país: los rostros de las y los “no localizados” acompañados de sus nombres, fechas y lugares de origen y de la última vez que fueron vistos.

El subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, hizo autocrítica: “Es necesario que todas las instituciones del Estado, todos los niveles de gobierno, reconozcan la profundidad de la crisis en la materia, y no seguir eludiendo esta responsabilidad.

“¡Pero no la asumen!”, gritó una señora desde las primeras filas.

“Lo estamos haciendo”, respondió Encinas, y siguió hablando de avances y resistencias. Dijo, por ejemplo, que se estableció la CNB, “con una participación fundamental de los familiares de las víctimas” y un registro nacional para poner fin a los “muchos años que estuvieron ocultando la tragedia”.

Del mismo modo, se han instalado las comisiones estatales aunque “con desarrollos desiguales”.

Para poner números al compromiso del gobierno federal, Encinas recordó que en 2018, la CNB tuvo un presupuesto de 8 millones de pesos para todo el año. Para 2023, puso el contraste, el presupuesto es de mil 100 millones de pesos. Buena parte de esos recursos (60 por ciento) está destinada a las comisiones locales. “Algunas no ejercen los recursos y otras ni siquiera solicitan los recursos a los que tienen derecho”, lamentó.