Estados Unidos lleva a juicio por narcotráfico desde hoy a Genaro García Luna, quien durante 12 años como funcionario de alto nivel del gobierno mexicano acumuló una fortuna incuantificable, con recursos presuntamente provenientes de sobornos de grupos delictivos y del otorgamiento ilícito de contratos para la compra de armas, equipos policiales, vehículos, uniformes, software de espionaje y materiales empleados en seguridad penitenciaria, sobre todo durante el gobierno del panista Felipe Calderón Hinojosa.

De acuerdo con investigaciones del Departamento de Justicia de Estados Unidos y de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de México, una red internacional de corrupción manejó los recursos e involucró a colaboradores de García Luna en transferencias de México a Panamá, Barbados y Estados Unidos, la operación de más de 30 empresas, la compra de inmuebles y el establecimiento de comercios en territorio estadunidense.

El ex funcionario enfrentará desde este martes en Nueva York un juicio, acusado de haber protegido las operaciones de los cárteles de Sinaloa y Beltrán Leyva entre 2001 y 2012. También está imputado por la UIF ante autoridades estadunidenses de haber robado al gobierno mexicano 600 millones de dólares.

En México la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (Femdo) indaga al ex titular de Seguridad Pública (SSP) federal y sus principales colaboradores por delincuencia organizada, delitos contra la salud y lavado de dinero.

Reporte de bienes y recursos

En su primera declaración patrimonial como director de la Agencia Federal de Investigación (AFI), en 2003, García Luna informó que era propietario de un terreno con valor de 450 mil pesos, una motocicleta de 190 mil pesos, cuentas de ahorro con 325 mil pesos, 625 mil 715 pesos en su seguro de separación individualizada y deudas por 66 mil 808 pesos en tarjetas de crédito.

Ese mismo año García Luna obtuvo como titular de la AFI un salario anual de 2 millones 63 mil 313 pesos.

Cuando concluyó su cargo en la Procuraduría General de la República (PGR), según los registros de su declaración patrimonial de mayo de 2006, obtuvo un sueldo neto anual de 2 millones 455 mil pesos.

Entonces ya poseía a través de un crédito una camioneta Land Rover modelo 2004, con valor de 617 mil 136 pesos, y un automóvil Ford Mustang 1966, que adquirió de contado por 220 mil pesos. Ocultó cuántos bienes inmuebles tenía, declaró una cuenta bancaria con 2 mil 630 pesos, deudas en tarjetas por 19 mil pesos y deuda de 34 mil pesos relacionados con la compra de la camioneta.

En su declaración patrimonial del 16 de enero de 2007, cuando ya ejercía como titular de la SSP federal, informó que su salario mensual neto ascendía a 160 mil 540 pesos (un millón 926 mil 480 pesos anuales netos).

Para esa fecha reportó la propiedad de dos casas adquiridas mediante créditos hipotecarios. Una tenía 160 metros cuadrados de construcción, con valor de 862 mil 800 pesos. La segunda era un terreno de 220 metros cuadrados y 200 metros cuadrados de construcción, con valor de 2 millones 350 mil pesos. Para esa fecha también había adquirido un vehículo Ford Mustang 1970 con valor de 245 mil pesos, el cual pagó de contado.

En cuentas bancarias tenía ahorros por 355 mil 763 pesos y en su seguro de separación individualizada 2 millones 772 mil 87 pesos; en sus tarjetas de crédito tenía adeudos por 127 mil pesos y de sus créditos hipotecarios reportaba saldos pendientes por 2 millones 764 mil 401 pesos.

En mayo de 2008 declaró obtener ingresos anuales netos por 3 millones 821 mil 226 pesos; haber adquirido en 2007 otro inmueble con valor de 7 millones 550 mil pesos mediante un crédito hipotecario. Sus recursos en cuentas bancarias ascendían a 127 mil pesos, los recursos de su seguro de separación individualizada eran de 906 mil 316, mientras sus adeudos eran solamente hipotecarios, por un monto de 10 millones 388 mil 848 pesos.

A partir de 2009 y hasta 2013, cuando rindió su última declaración patrimonial, ya no registró datos de sus ingresos por salarios y otros rubros. Tampoco respecto de sus propiedades ni bienes económicos en cuentas bancarias ni de sus propiedades.

Cómo operaba el círculo de confianza

Para ese periodo García Luna tenía ya señalamientos de haber recibido sobornos de grupos delictivos y que hombres de su confianza con cargos en la Policía Federal protegían o extorsionaban a bandas de secuestradores.

Las versiones de la época indicaban que ese círculo de allegados a García Luna ejecutaba “recreaciones” de capturas o rescates de personas secuestradas, para que fueran transmitidas por medios de comunicación.

Entre esos episodios estaba el más notable, el de la llamada banda de Los Zodiaco, que involucró a la francesa Florence Cassez, quien tuvo que ser liberada por haberse comprobado la violación de sus derechos humanos durante su aprehensión. Por el mismo caso aún permanece detenido el mexicano Israel Vallarta.

La UIF denunció ante una corte de Florida, Estados Unidos, la presunción de lavado de dinero por parte de García Luna a través de sus colaboradores y socios en empresas proveedoras de armas y artículos de seguridad a la Policía Federal.

Según la acusación, “en esta posición de inmenso poder, García Luna controlaba muchos aspectos de las fuerzas de seguridad pública en México, incluidos diversos funcionarios de las agencias de seguridad pública, la Policía Federal, el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen).

“Extensa red de socios”

“Desde el principio de su designación en este cargo, el acusado recibió sobornos de (los empresarios) Weinberg López y Weinberg Pinto y otros. A cambio, García Luna estableció una extensa red de socios comerciales que más tarde utilizó para obtener contratos ilegales de varias entidades y agencias del gobierno mexicano por cientos de millones de dólares, que después el acusado García Luna y sus socios lavaron.

“Las transferencias por parte de sus co-conspiradores se realizó de México a Estados Unidos y a otros lugares, a través de la creación de una red compleja de entidades, que fue utilizada para comprar y mantener múltiples bienes raíces.”

De acuerdo con la indagatoria, entre las empresas utilizadas para el blanqueo de capitales están identificadas Nunvav Technologies (Estados Unidos), Gull Holding Enterprises (Panamá), Glac Security Consulting, Technology y Rys Management, corporación mexicana propiedad de García Luna.

Según la demanda presentada por la UIF, y que se encuentra en curso en Florida, “el acusado García Luna y las personas que actúan bajo su dirección, a través de un complicado plan de contratación gubernamental ilegal, obtuvieron ilegalmente más de 600 millones de dólares del gobierno mexicano”.

Entre los señalados está el ex subsecretario José Niembro González, quien fue el titular del área de Tecnologías de Información dentro de la SSP federal y estuvo a cargo del diseño, puesta en marcha y operación de la Plataforma México, el ahora desaparecido bunker de información y comunicaciones del gobierno.