En uno de sus últimos artículos en este diario, el padre Miguel Concha Malo confirió gran importancia al premio anual de derechos humanos que el Institute for Policy Studies (IPS) entrega para honrar a sus colegas Orlando Letelier y Ronnie Moffitt, asesinados en Washington en 1976 por comandos de Pinochet en Washington. Se otorga para reconocer los esfuerzos en la defensa de los derechos humanos en América Latina y en Estados Unidos ( La Jornada, 22/11/22).

En 2022 fue entregado al Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México (La Jornada, 10/10/22).

Don Miguel nos ofreció en su artículo: “Este 2022, nuevamente el Premio Letelier-Moffitt nos convoca a reconocernos trabajando desde abajo por la paz con justicia y dignidad. En tiempos de retrocesos y amenazas a los derechos humanos, este tipo de convocatoria nos recuerda la importancia de rescatar principios éticos y políticos de solidaridad, como el internacionalismo”.

Anteriormente, nos recuerda el padre Concha, el premio fue recibido por el obispo Samuel Ruiz, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, la Casa del Migrante de Saltillo, la Coalición por la Justicia en las Maquiladoras y Alianza Cívica. Asimismo, hizo eco de la satisfacción que significó para el IPS el que tres ganadores del premio, Petro, Lula y Boric (como líder de la Federación de Estudiantes Chilenos) se hayan convertido en presidentes de sus respectivos países en 2022.

Este 2023, sin embargo, pinta diferente para otras organizaciones ganadoras del premio Letelier-Moffitt, particularmente en Honduras, El Salvador y Perú. Grandes corporaciones asedian a Honduras; la empresa estadunidense Prospera le interpuso el 20 de diciembre de 2022 una demanda ante el CIADI del Banco Mundial por la impagable cantidad de 10 mil 775 millones de dólares, cantidad superior a su gasto público anual. El objetivo de Prospera es amedrentar al gobierno de Xiomara Castro para que retroceda en la derogación de las inconstitucionales leyes emitidas por gobiernos pasados. Estas leyes establecen las eufemísticamente llamadas Zonas para el Empleo y el Desarrollo Económico (ZEDE), las cuales permiten al gran capital trasnacional despojar de sus tierras al pueblo garífuna, cuya Organización Fraternal Negra de Honduras (Ofraneh) fue ganadora del premio Letelier-Moffitt en 2021 ( La Jornada, 27/09/21).

Como don Miguel nos enseñaba desde hace años (ver “Monocultivos y Derechos Humanos”, La Jornada, 26/06/10, en el que resalta que “resultan muy reveladoras las similitudes y relaciones entre los monocultivos y los megaproyectos… o proyectos de desarrollo), Ofraneh ha expuesto cómo el modelo extractivista y de monocultivos a gran escala pone en riesgo sus territorios y bienes comunes, y acelera la desaparición de pueblos indígenas. Su dirigente Miriam Miranda cuenta cómo han “sufrido dos destierros: el primero de África a San Vicente (en el Caribe) y luego hacia Honduras. Estamos marcados por la persecución, la violencia, la violación de los derechos humanos” (https://bit.ly/3CMGNLp).

El 7 de enero, cerca de las ZEDE, los activistas medioambientales Aly Domínguez y Jairo Bonilla fueron asesinados. Eran miembros del Comité Municipal en Defensa de Bienes Comunes y Naturales Tocoa, el cual recibió el Premio Letelier-Moffitt en 2018. Ya estaban amenazados y acusados penalmente por su protesta y resistencia contra los daños medioambientales causados al río Guapinol y a sus comunidades por una empresa minera que opera en el Parque Nacional Montaña de Botaderos Carlos Escaleras. “El luto y el dolor sacuden a la comunidad. Guapinol ha sufrido también el asedio policial y militar, estando detrás de esos actos la empresa minera Inversiones Los Pinares/Ecoteck que opera ilegalmente en la zona” (https://bit.ly/3XtbJYY).

En la región de Puno, en Perú, la organización Derechos Humanos y Democracia, que recibió el premio Letelier-Moffitt en 2018, se encuentra en medio de la peor represión estatal por fuerzas de seguridad ocurrida en el país en muchos años, perpetrada por el gobierno de la presidenta Dina Boluarte en el contexto de protestas masivas en contra de su gobierno (https://bit.ly/3QC3SpM).

Y en El Salvador, este 11 de enero la policía detuvo y ha puesto en prisión a cinco defensores del agua: Miguel Ángel Gámez, Alejandro Laínez García, Pedro Antonio Rivas Laínez, Antonio Pacheco y Saúl Agustín Rivas Ortega. Dos de ellos forman parte de la Asociación para el Desarrollo Económico y Social (ADES), la cual es pieza fundamental de la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica en El Salvador, que recibió el Premio Letelier-Moffitt en 2009. Ellos han sido líderes en la histórica campaña que conllevó a que en 2017 la legislatura salvadoreña aprobara unánimemente la ley de prohibición de la minería metálica –la primera en el mundo– para salvar los ríos de su país. Organizaciones salvadoreñas han declarado que las detenciones tienen una motivación política, ya que pretenden silenciar a estos defensores del agua y desmovilizar a la oposición (ver “ADES – Santa Marta denuncia capturas de líderes de la comunidad”, https://bit.ly/3w7nusl ), y son parte del estado de excepción, que suprime garantías constitucionales, instaurado por el presidente Bukele ( La Jornada, 19/12/22).

Gracias al padre Concha por el aliento y ejemplo que nos deja para seguir acompañando las luchas por justicia y dignidad aquí referidas, y muchas más.

* Investigador del Institute for Policy

Studies ( www.ips-dc.org).