El año que recién terminó se superó la cifra de 2 millones de migrantes aprehendidos por la Patrulla Fronteriza en la frontera con Estados Unidos. En mayo se llegó al pico máximo, con cerca de 250 mil, y en diciembre capturaron a 200 mil migrantes.

La migración es un dolor de cabeza para los gobiernos estadunidense y mexicano, pero en el caso de nuestro vecino es una migraña, con impactos serios en los campos mediático, político, electoral y bilateral. No así en el ámbito demográfico. De acuerdo con los especialistas que analizaron el censo de Estados Unidos de 2020, se requiere de unos 2 millones de personas anuales, adicionales, para conservar su equilibrio poblacional.

Más allá de esos números, la pandemia del covid-19 dejó un rastro de muerte de más de un millón de estadunidenses y la deserción laboral retiró del mercado de trabajo a más de 4 millones de personas. Reponer esta pérdida poblacional y laboral es urgente para Estados Unidos, pero el discurso político antinmigrante está tan arraigado en los medios y en las campañas electorales, que prácticamente es imposible razonar sobre las consecuencias del envejecimiento y la urgencia de tener trabajadores que coticen en la seguridad social.

Desde los primeros meses de la administración de la 4T se ha realizado una serie de concesiones en el tema migratorio, que van más allá del control fronterizo y las medidas disuasivas y coercitivas para controlar el tránsito y tráfico de migrantes. Estas nuevas prerrogativas se refieren a la devolución de migrantes extranjeros al territorio nacional, algo totalmente inédito.

Primero se adujeron razones humanitarias para recibir a migrantes centroamericanos deportados; luego se puso en marcha el programa Quédate en México, que fue un verdadero desastre; luego se tuvo que aceptar la disposición del Título 42, de devolución en tiempos de pandemia, impuesta por Trump; una resolución que no se ha podido cancelar, a pesar del interés en suspenderla por parte de la administración de Joe Biden.

Lo peor de todo es que las negociaciones y concesiones son totalmente opacas, no se sabe si hay ciertos compromisos de la otra parte, la impresión que se tiene es que estamos sujetos a que un juez de Texas pueda decidir sobre un asunto bilateral de este calado y México ni siquiera respinga.

En la última negociación México aceptó la deportación mensual de 30 mil migrantes irregulares (360 mil al año) capturados por la Patrulla Fronteriza, que sean de origen cubano, nicaragüense, venezolano y haitiano. La selección de estos países no es fortuita: se trata de las naciones a las que Estados Unidos no puede deportar a estos migrantes. En tres casos se trata de países dizque socialistas, con los cuales el gobierno estadunidense tiene serias diferencias y relaciones diplomáticas complicadas. Tres ejemplos donde el modelo socialista, de viejo o nuevo cuño, genera flujos migratorios masivos. Tres casos donde se puede aducir persecución política y amerita la consideración de acceso al refugio.

En el caso de Haití la situación es tan dramática que resulta inverosímil pensar en la posibilidad de una deportación. Como quiera, en los cuatro casos, estas naciones suelen negarse a aceptar a sus ciudadanos deportados o éstos corren un riesgo.

México se comprometió a recibir las papas calientes y a quemarse las manos ¿a cambió de qué? ¿En qué condiciones se va a recibir a estos migrantes, qué tipo de regularización o documentación se les va a dar? ¿Se les va a dejar abandonados y que busque cada cual la manera de sobrevivir?

No obstante, hay que considerar dos cambios relevantes en cuanto a la política migratoria estadunidense. Resulta una verdadera novedad que el argumento para la deportación a México de los migrantes de estos países sea la posibilidad de ingreso por la vía legal a ciudadanos de estas nacionalidades. Según se ha notificado, el modelo se probó con Venezuela y se redujo el flujo notablemente (habrá que ver los números). Es un cambio relevante, porque las puertas a la migración legal estaban cerradas.

En segundo término, la externalización de fronteras llega hasta Panamá. Los migrantes que crucen por esa nación con la intención de llegar a Estados Unidos serán supuestamente registrados y deportados a México, si intentan cruzar la frontera. El cruce por Centroamérica ya no sería tan fácil y serviría como medida disuasiva.

A los migrantes de Venezuela, Nicaragua, Cuba y Haití les quedan cuatro opciones: buscar el trámite por la vía legal y buscar el apoyo de un familiar en Estados Unidos que facilite la visa; regresar a su patria, lo cual resulta improbable; intentar varias veces el cruce irregular con coyotes que aseguren el paso y, quedarse en México, lo cual puede resultar un calvario si se impone la misma política de desgaste y abandono que se da en la ciudad de Tapachula, Chiapas.

Es posible que veamos caravanas de migrantes desde la frontera norte hasta la Ciudad de México exigiendo lo mínimo, lo que no les dan: refugio.