Tel Aviv., Decenas de miles de personas protestaron anoche en distintas ciudades de Israel, principalmente en el centro de Tel Aviv, contra los planes del nuevo gobierno de extrema derecha, encabezado por el primer ministro, Benjamin Netanyahu, para reformar el sistema jurídico y debilitar al Tribunal Supremo, una medida que, de acuerdo con los inconformes, socavaría el sistema democrático del país.

Bajo una fría lluvia invernal, los manifestantes en la capital israelí portaron banderas israelíes y pancartas que decían: “Gobierno criminal” y “El fin de la democracia”, entre otras consignas. “Salgan a proteger la democracia y la ley en el Estado de Israel”, dijo el ex ministro de Defensa, el centrista Benny Gantz, quien asistió a la movilización, al igual que otras figuras de la oposición, como el líder del Partido Laborista, Merav Michaeli.

Imágenes en redes sociales mostraron un pequeño número de banderas palestinas en las protestas. El ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben-Gvir, dijo a la cadena Kan Tv que quería que se retiraran esas banderas, pero indicó que esperaba la opinión del fiscal general antes de ordenar cualquier medida represiva.

Reportes de la policía, citados por la prensa local, informaron que la multitud en la plaza de Habima, de Tel Aviv, alcanzó unas 80 mil personas a las 21 horas, a pesar del clima.

También hubo protestas en Jerusalén, donde unas mil personas se congregaron frente a la residencia del primer ministro y en la norteña ciudad de Haifa.

Las manifestaciones fueron convocadas por la organización anticorrupción Banderas Negras, que pidió “salvar la democracia”. Los partidos de centro, de izquierda y la alianza de partidos árabes Hadash Taal se sumaron a los llamados a movilizarse, en particular contra la reforma de la justicia que presentó el 4 de enero pasado la administración de Netanyahu, procesada en varios casos por presuntos actos de corrupción.

El gobierno ha lanzado propuestas de reforma para debilitar al Tribunal Supremo otorgando al Parlamento el poder de anular las decisiones judiciales con una votación por mayoría simple. También quiere dar al Parlamento el control sobre el nombramiento de los jueces y reducir la independencia de los asesores jurídicos.