Santiago. Quien explica se complica, dice el saber popular, y eso parece haber ocurrido con la ministra secretaria general de Gobierno, Camila Vallejo, en su intento por desenredar la madeja en que se metió el Ejecutivo chileno por las “desprolijidades” en los 13 indultos a condenados por delitos cometidos durante el estallido social de 2019.

“Efectivamente, si el presidente hubiera tenido todos los elementos a la vista la situación hubiese sido distinta”, contestó la portavoz acerca de si Gabriel Boric estaba al tanto o no del prontuario de los indultados.

Su respuesta, aceptando que el gobernante careció de todos los elementos –vale decir, que no supo que a lo menos dos de los 13 habían sido condenados antes de octubre de 2019– , tuvo el efecto de aleonar aún más a la derecha en su incesante ofensiva antigubernamental: ahora el objetivo es el mandatario, por cuanto analizan una acusación constitucional para eventualmente destituirlo, tal cual intentó hacer en 2021 la centroizquierda con el ex presidente Sebastián Piñera.

Miguel Mellado, diputado mandatado por su partido Renovación Nacional para coordinar la acusación contra Boric, comentó que “la única manera (de evitarla) es volver este error (los perdonazos) a fojas cero para que (Boric) pueda enmendarlo. En caso contrario debemos actuar políticamente dado que tenemos el sustento jurídico”.

Volver a fojas cero se traduce en anular los indultos, pero desde el gobierno y también abogados han señalado que eso es jurídicamente imposible porque legalmente están bien sustentados y se produce una suerte de derecho adquirido por parte de los beneficiados.

Para destituir a un gobernante se requiere que la Cámara de Diputados de 155 integrantes apruebe por mayoría simple la acusación, la cual pasa al Senado donde un mínimo de 29 de los 50 legisladores deben ratificarla. La derecha y la ultraderecha tienen mayoría en la Cámara baja y a lo menos 25 votos seguros en el Senado.

El desaguisado se convirtió en escándalo cuando se conoció que uno de los indultados, Luis Castillo (34), tenía cinco condenas anteriores y que su nombre aparece en ¡26! causas penales. Éste, al salir del presidio donde cumplía una pena de cuatro años, pidió: “a todos mis hermanos que siguen presos (les digo), que no claudiquen, mantengan las convicciones intactas, porque donde exista miseria va a haber rebelión, donde exista desigualdad va a haber insurrección, porque los insurrectos no nos calmamos, no descansamos, los insurrectos damos la vida por la causa, sigan así hasta la victoria final, hasta que cambiemos todo”.

La derecha ha hecho uso y abuso de esas expresiones para fustigar a Boric. Pero el bochorno tuvo otras secuelas indeseadas para el Ejecutivo; por ejemplo, debió ceder respecto de quien parecía ser su última opción para postularlo al cargo de fiscal nacional, el controversial penalista Ángel Valencia Vásquez, de quien se dice que su mayor virtud es “tener un millón de amigos” transversalmente en la élite política, desde la centro izquierda y hasta la derecha, habiendo trabajado y/o tenido tratos con todos.

Secuelas adicionales en la justicia

Su nombre era repudiado firmemente por el mundo feminista –incluida la ministra de la Mujer, Antonia Orellana–, dado que en su trayectoria profesional se cuenta haber asumido la defensa en casos de pedofilia y/o abusos sexuales; aunque también ha sido abogado acusador en ese tipo de causas.

Tras dos candidaturas fallidas, más de cien días con el Ministerio Público acéfalo, una álgida crisis de seguridad pública y el riesgo de un tercer fracaso, Boric optó por no arriesgarse y, contra todo indicio, finalmente presentó el nombre de Valencia al Senado, que anteayer lo ratificó de manera abrumadora.

Valencia, firmemente interrogado por tres senadoras que finalmente votaron en su contra, se comprometió a adoptar 11 medidas urgentes en los primeros 90 días en el cargo, entre ellas la inserción del Ministerio Público en el circuito intersectorial del feminicidio, un “mecanismo de coordinación interinstitucional, que tiene por objetivo garantizar la protección y atención integral (sicológica, social y legal) de los niños, niñas y adolescentes víctimas indirectas y directas”.

No es todo, sino que el mandatario está recibiendo ahora “fuego amigo”: desde una de las coaliciones que lo apoya, la de los partidos de la ex Concertación, se comenzó a machacar el tema de que se impone un drástico ajuste de gabinete, en la línea de que quienes deben asumir sean funcionarios fogueados veteranos de la política, quienes remplacen a los aprendices juveniles que provienen de los nóveles partidos del Frente Amplio, la alianza que originalmente sustentó la candidatura presidencial del joven Gabriel Boric.