Brasilia. Anderson Torres, ex ministro de Justicia de Brasil durante la gestión del presidente Jair Bolsonaro (2019-2023), fue detenido ayer en el aeropuerto de Brasilia, procedente de Estados Unidos, al ser investigado por presunta “connivencia dolosa” con relación al intento de golpe de Estado del domingo pasado, informó la policía federal.

Torres fungía como secretario de Seguridad de la capital el domingo, cuando miles de personas arrasaron las sedes del palacio de Planalto, el Congreso y la el Supremo Tribunal de Justicia, una semana después de la llegada a la presidencia de Luiz Inácio Lula da Silva.

“Fue arrestado al arribar al aeropuerto de Brasilia y fue encaminado para ponerlo bajo custodia, donde permanecerá a disposición de la justicia”, informó la policía que ejecutó un operativo hermético. “Las investigaciones siguen en secreto”, agregó la institución. Cuando se desataron los disturbios, Torres estaba en Estados Unidos, donde continúa Bolsonaro, quien es indagado por la Fiscalía por el mismo caso.

Destituido de la Secretaría de Seguridad de la capital por los desmanes y objeto de investigación y posterior orden de prisión, el colaborador próximo de Bolsonaro, que compareció ayer a su primera audiencia ante la justicia, niega las acusaciones. Torres deberá responder cuestionamientos adicionales ante las autoridades.

Esta semana, durante una orden de allanamiento elementos de investigación policiaca encontraron en casa de Torres un borrador de decreto presidencial fechado en 2022, que tenía por objetivo crear una comisión que asumiera las responsabilidades del Tribunal Electoral y revisara el resultado de las presidenciales, en las cuales su ex jefe fue derrotado por Lula.

En tanto, un informe de los servicios de inteligencia de la Secretaría de Seguridad del Distrito Federal de Brasilia alertó con dos días de antelación del riesgo de asalto violento de los manifestantes bolsonaristas contra las sedes del Congreso, el Tribunal Supremo Federal y el palacio presidencial, y que finalmente se materializó el domingo.

En concreto, advirtió a las autoridades de que los manifestantes tenían “la intención de practicar actos de violencia”, según el documento al que tuvo acceso el periódico Folha de Sao Paulo.

El texto fue remitido el 6 de enero a Torres, en su calidad de en-cargado de la seguridad y las operaciones policiales.

El documento advierte de una “alarmante” concentración de manifestantes llegados de otros puntos del país para una “toma del poder” y la “invasión del Congreso” para ocupar “los órganos públicos que representan a los tres poderes” y “sitiar” Brasilia.

El ministro de Justicia, Flavio Dino, declaró que el sistema de seguridad de Brasilia fue alterado sólo horas antes de la manifestación, de tal forma que se redujo significativamente el número de efectivos policiales desplegados en la Explanada de los Tres Poderes.

En ese contexto, el Comando Militar del Planalto reportó sobre sus conclusiones de la investigación sobre el asalto, en un proceso interno que duró apenas tres días, y propone imputar al coronel de reserva Adriano Camargo Testoni por injuria a los miembros del alto mando de la fuerza terrestre y por ofensa a las fuerzas armadas, delitos penados con hasta dos años de prisión en el código penal militar.

El gobernador de Brasilia, Ibaneis Rocha, suspendido del cargo tras el asalto, aseguró en su declaración que fue el ejército el que impidió a la policía el desalojo de la acampada de los simpatizantes cerca de las sedes gubernamentales.