El 15 de diciembre pasado, en las afueras de la ciudad de Ayacucho, efectivos del ejército nacional de Perú dispararon contra civiles mientras helicópteros sobrevolaban la zona. Este ataque fue la respuesta a una huelga y movilización nacional pacífica por el golpe de Estado del 7 de diciembre, que depuso al presidente Pedro Castillo.

Ese día cientos de universitarios, comerciantes, vendedores ambulantes, campesinos y activistas se habían concentrado en el centro de Ayacucho para marchar hacia el aeropuerto y protestar por la destitución de Castillo.

A medida que los manifestantes se acercaban a la terminal aérea, miembros de las fuerzas armadas abrieron fuego contra ellos. Los disparos desde los helicópteros fueron los más letales.

La consecuencia de esta acción del ejército: 10 personas muertas y 72 heridas, según cifras oficiales de la oficina del defensor del pueblo, y hasta ayer al menos seis de los heridos luchaban por su vida en hospitales de Ayacucho y Lima. Las autopsias de los asesinados demuestran que seis murieron por heridas de bala en el pecho, el más joven tenía sólo 15 años.

Reuters relató la muerte de una de estas víctimas: Édgar Prado, de 51 años, recibió un disparo cuando intentaba ayudar a una persona herida.

La extrema violencia en la respuesta de las fuerzas de seguridad a las protestas antigolpistas fue condenada en todo Perú y, ante ello, una delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) visitó la nación entre el 20 y el 22 de diciembre para recoger testimonios de víctimas y organizaciones locales de derechos humanos.

En tanto, más de una docena de familiares, habitantes de Ayacucho, organizadores y un par de periodistas independientes –incluyéndome–, esperábamos. La gente nos relataba las tragedias de ese 15 de diciembre.

“Esto no te lo van a mostrar en las noticias”, me dijo Carmen (quien me pidió no usar su nombre real), mientras me mostraba en su teléfono un video en que un grupo de manifestantes arrastraba hacia un lugar seguro a un joven herido. “Es su sobrino”, me dijo, señalando a una mujer sentada en el suelo.

Pedro Huamani, un hombre de 70 años, miembro del Frente en Defensa del Pueblo de Ayacucho, acompañaba a las víctimas que esperaban afuera de la reunión de la CIDH. “Hemos sufrido una pérdida terrible”, me dijo devastado. “Cuando nos lanzaron bombas de gas lacrimógeno sentí que me asfixiaba, casi me muero allí”, dijo. “Bajé hacia el cementerio, pero era lo mismo, nos disparaban por detrás. Desde los helicópteros también intentaban matarnos”.

Carmen me presentó a algunos de sus amigos y uno de ellos relató: “todos vivimos cerca del aeropuerto y vimos cómo ocurría todo, disparaban como si se tratara de animales. Intentamos ayudar a los heridos, pero fue algo muy difícil”.

La masacre de Ayacucho, así como la violenta represión en todo el país, no ha hecho sino intensificar la exigencia popular sobre la dimisión de Dina Boluarte, quien tomó posesión de su cargo el 7 de diciembre, inmediatamente después del golpe contra Castillo. Y ha “justificado” el uso de la fuerza por parte de la policía, calificando las protestas como actos de “terrorismo” y “vandalismo”.

Temblando y conteniendo las lágrimas, Huamani expresó: “es una presidenta asesina y en Huamanga no la queremos, ni la reconocemos como presidenta, porque ella ordenó a la policía y al ejército disparar contra nosotros, los peruanos. Y esas balas, esas armas, realmente las compramos nosotros, no los soldados, sino el pueblo. Y que ellos nos estén asesinando es realmente horrible”.

La rabia que sienten los habitantes de Ayacucho también está vinculada al debilitamiento histórico de la democracia peruana y a la exclusión económica que sufren las regiones fuera de Lima. Huamani explicó: “sacaron a nuestro presidente –Castillo–, así que esto no es una democracia. No somos una democracia, estamos en [estado de] guerra en Ayacucho, Huamanga, Arequipa, Apurímac, Cusco…, donde nos estamos muriendo de hambre… y estos derechistas quieren hacernos sus esclavos, pero no lo permitiremos, seguiremos resistiendo”.

“Nos tratan como si todos fuéramos terroristas”, señaló un familiar de una de las víctimas.

Muchos de los que estuvieron presentes ese 15 de diciembre expresaron que el trato bélico que recibieron recordaba los días del conflicto armado interno de hace más de 20 años.

Como parte de la campaña del Estado contra la insurgencia guerrillera, entonces, se detuvo, torturó, desapareció y asesinó a decenas de miles de campesinos e indígenas inocentes, acusándolos de apoyar o formar parte de la insurgencia.

La población de Ayacucho fue una de las más afectadas, según informes de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, creada para investigar las violaciones de los derechos humanos de las 69 mil 280 víctimas mortales estimadas del conflicto armado interno en Perú entre 1980 y 2000. Miles huyeron de sus pueblos a Ayacucho durante el conflicto y hoy siguen buscando a sus seres queridos y exigiendo justicia.

Una de ellas es Paula Aguilar Yucra, de 63 años, quien huyó en 1984 de la comunidad rural de Usmay a Ayacucho, después de que su madre fuera asesinada y su hermano secuestrado y desaparecido por los militares, hoy, casi 40 años después, vuelve a estar de luto. Su nieto, José Luis Aguilar Yucra, de 20 años y padre de un niño de dos años, fue asesinado el 15 de diciembre de un disparo en la cabeza cuando regresaba del trabajo.

* Periodista y coeditora de Peoples Dispatch.