Lima. Mientras persisten las protestas y bloqueos de carreteras en Perú contra la presidenta Dina Boluarte, que ya dejan 49 muertos, los ministros del Interior, Víctor Rojas, y de la Mujer, Grecia Rojas, renunciaron ayer sorpresivamente, al tiempo que la diputada del partido Perú Libre Kelly Portalatino presentó una denuncia constitucional contra el gabinete de Alberto Otárola, por presuntos delitos de homicidio en las protestas en el departamento de Puno.

Por la noche, en un mensaje a la nación televisado, la mandataria ofreció disculpas a la población por las demandas no atendidas por el Estado y rechazó que grupos violentistas bloqueen carreteras, tomen campamentos mineros o ataquen a las ambulancias. Además, aseguró que no renunciará.

Boluarte aceptó la renuncia de Rojas, quien fue remplazado inmediatamente en una ceremonia de juramentación por el general en retiro Vicente Romero, en tanto que Nancy Tolentino ocupa ya el lugar de Grecia Rojas al frente de la cartera de la Mujer, informó la presidencia.

El papel del saliente titular del Interior estaba en entredicho debido al uso de la fuerza por parte de la policía en las protestas en curso para pedir la renuncia de Boluarte.

La mandataria peruana también tomo juramento al nuevo ministro de Trabajo, Luis Alfonso Adrianzén, tras la salida antier de Eduardo García, quien dejó su cargo tras expresar su desacuerdo con la forma en que el gobierno ha manejado las movilizaciones.

La congresista Portaliano denunció constitucionalmente al gabinete del primer ministro Alberto Otárola, por presuntos delitos de homicidio y lesiones graves ocurridos en las protestas en el departamento de Puno, al sur del país.

“Para que, mediante proceso parlamentario especial, se determinen las eventuales responsabilidades que pudieran haber incurrido dichos funcionarios”, se indicó en el texto presentado ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, y que tuvo a la vista el diario La República.

En la denuncia, además de Otárola, aparecen todos los ministros de su gabinete, acusados de violar el artículo primero de la Constitución peruana, que hace referencia a la “defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad”.

El pasado lunes se registró una protesta en la ciudad de Juliaca, en el departamento de Puno, donde el enfrentamiento entre policías y manifestantes dejó al menos 17 civiles muertos.

Más temprano, el Ministerio Público informó que abrió investigaciones preliminares por los violentos hechos en regiones sureñas de Puno, Cusco, Arequipa, Apurímac y Ucayali, focos de las mayores protestas, además de la capital, Lima.

El jefe de la misión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que culminó ayer, el abogado guatemalteco Édgar Stuardo Ralón, exigió investigaciones imparciales ante indicios de que elementos de las fuerzas armadas hicieron “uso excesivo de la fuerza” en la represión. Perú vive su décimo día consecutivo de manifestaciones, y amaneció con Arequipa, segunda ciudad del país y cuna de revoluciones, prácticamente bloqueada, sin comunicación terrestre con las vecinas regiones andinas de Cusco y Puno.

La jornada registró también nuevas marchas en Tacna, mil 220 kilómetros al sureste de Lima, limítrofe con Chile, país que cerró temporalmente su paso el jueves.

El conflicto estalló tras la destitución del ex mandatario izquierdista Pedro Castillo, quien intentó el 7 de diciembre disolver de forma ilegal el Congreso.

En las manifestaciones se exige la renuncia de Boluarte, el cierre del Congreso, una nueva Constitución y la libertad de Castillo, que cumple prisión preventiva por “rebelión”, cargos que niega.

Gobernadores regionales y varios colegios profesionales del Perú se sumaron al pedido de renuncia de Boluarte.

“¿Cuántos muertos más va a costar la permanencia de Dina Boluarte en la presidencia? Eso debemos preguntarnos todos los peruanos, de izquierda o derecha. Ningún cargo puede estar encima de la vida humana”, dijo a la prensa el gobernador de Puno, Richard Hancco.

En el mismo sentido se pronunciaron autoridades de las regiones andinas de Apurímac y Cusco, así como 12 colegios departamentales de abogados y el Colegio Nacional de Profesores.

El bloqueo de carreteras, en especial en el sur del país, históricamente marginado, también se han extendido a zonas de la selva. En la región amazónica Madre de Dios, fronteriza con Brasil y Bolivia, hubo movilizaciones y una turba lanzó piedras causando algunos destrozos a la casa de un congresista antenoche.

En tanto, el ex presidente de Bolivia, Evo Morales, el secretario general de Perú Libre, Vladimir Cerrón, y el ex gobernador regional de Puno, German Alejo Apaza, serán investigados en la Fiscalía Nacional por los presuntos delitos contra la seguridad pública nacional y, los dos últimos, por traición a la patria, informó La República.