El presidente Joe Biden se encuentra inmerso en un escándalo que podría marcar el resto de su mandato. El domingo, la Casa Blanca informó que en noviembre pasado alrededor de 10 documentos clasificados fueron hallados en la oficina que Biden ocupó en un centro de investigación afiliado a la Universidad de Pensilvania entre 2017 y 2019, es decir, en el periodo que pasó después de que dejara de ser vicepresidente en la administración de Barack Obama y antes de que lanzara su propia candidatura presidencial. El miércoles, se reportó el hallazgo de otro lote de documentos confidenciales en la residencia privada del político en Wilmington, Delaware. Según ha trascendido, se trataría de memorandos de inteligencia de Estados Unidos y materiales informativos sobre Ucrania, Irán o Reino Unido.
Es inevitable que estas revelaciones traigan a la memoria el caso de los archivos secretos sustraídos por el ex presidente Donald Trump y encontrados en agosto en su mansión de Mar-a-Lago, en Florida; pero deben señalarse las acusadas diferencias entre uno y otro episodio. En primer lugar, está la magnitud: los documentos en manos del magnate llenaban cajas enteras, mientras ahora se trataría de unas cuantas carpetas. En segundo y más importante, el republicano dio una batalla jurídica y mediática para evitar la recuperación de los papeles; en cambio, el equipo legal de Biden notificó a las autoridades competentes (el Departamento de Justicia y el Archivo Nacional, encargado de velar por todos los materiales oficiales). Por último, el gobernante demócrata ha informado puntualmente sobre lo ocurrido y el secretario de Justicia ya designó a un fiscal especial para investigar el caso.
Sin embargo, este proceder no libra a Biden de serios cuestionamientos en torno al incidente. Por principio de cuentas, la admisión de que sus abogados dieron con los documentos el 2 de noviembre de 2022 –días antes de las elecciones intermedias del martes 8–, pero hicieron público el hallazgo hasta esta semana, genera la indeleble impresión de un manejo político para evitar un golpe a los candidatos demócratas que buscaban mantener el control sobre el Congreso, legislaturas locales y gubernaturas claves. Por añadidura, las declaraciones del mandatario en las que se dice “el primer sorprendido” por la aparición de los documentos muestran que, o miente o ha hecho un manejo irresponsable y potencialmente punible de los datos puestos a su cargo como máximo líder de su país.
Sin prejuzgar sobre estos escenarios u otros posibles, resulta evidente que Biden y su equipo tienen mucho por explicar a la ciudadanía. Un esclarecimiento pronto y creíble de los hechos es la mejor salida si se quiere controlar los daños e impedir que el caso se convierta en una bandera electoral de los sectores ultraconservadores. Más allá del impacto político coyuntural, es obvio que Washington necesita revisar sus protocolos de manipulación de archivos confidenciales, pues representa un pésimo mensaje que los dos últimos presidentes atesorasen en sus residencias materiales que debieron estar resguardados en el Archivo Nacional.
