Washington. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se encontraba ayer en apuros tras el hallazgo de “una pequeña cantidad” de documentos clasificados en una de sus casas en Wilmington, Delaware, en un momento en el que el ex mandatario Donald Trump está en la mira de la justicia por la forma en la que gestionó los archivos presidenciales.

Por lo pronto, el fiscal general, Merrick Garland, anunció el nombramiento de Robert Hur, un fiscal especial para investigar el manejo de los documentos del gobierno por parte del mandatario, lo que podría ensombrecer la esperada candidatura del demócrata para las elecciones de 2024.

Hur forma parte de un despacho de abogados de Washington. Licenciado por las universidades de Stanford y Harvard, fue fiscal federal en Maryland de 2018 a 2021, designado por Donald Trump.

Biden manifestó que “coopera completamente” con la justicia mientras su abogado afirmó que los documentos fueron “desplazados por inadvertencia”. La oposición republicana teme que reciba un trato favorable y pide la apertura de una investigación parlamentaria.

En Estados Unidos, una ley de 1978 obliga a los presidentes y vicepresidentes a enviar todos sus correos electrónicos, cartas y otros documentos de trabajo a los Archivos Nacionales.

“Una pequeña cantidad” de documentos clasificados que datan de cuando Joe Biden era vicepresidente de Barack Obama fueron hallados en su residencia privada en Wilmington, en el estado de Delaware, informó ayer la Casa Blanca.

Estaban en una habitación contigua a la cochera, explicó en un comunicado el abogado de la presidencia, Richard Sauber, quien aseguró que se informó de ello inmediatamente al Departamento de Justicia para que tomara posesión de las carpetas.

El lunes, Biden reconoció que una decena de documentos clasificados fueron encontrados en el Penn Biden Center, oficinas de un grupo de consultoría en Washington donde él tuvo un despacho propio.

Ante el panorama, la oposición denunció un trato desigual: “Es otro paso en falso de esta administración, que trata a Trump de una manera y a Biden de otra”, sostuvo el líder republicano de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, quien opina que “el Congreso debe investigar el caso”.

Cuando se fue de la Casa Blanca en enero de 2021, Donald Trump se llevó cajas con documentos. Cuando le pidieron que las devolviera, las entregó el 15 de enero de 2022. Pero la policía federal estimó que probablemente tenía más en su lujosa residencia de Mar-a-Lago.

Agentes de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) la registraron el 8 de agosto justificando la acción judicial en la sospecha de “retención de documentos clasificados” y “obstrucción a una investigación federal”, y confiscaron alrededor de 30 cajas.

Se abrió entonces una batalla legal para determinar la naturaleza de los documentos incautados (¿clasificados?, ¿personales?, ¿desclasificados?), que ralentizó el procedimiento oficial. Trump, que anunció que se presentaría a las elecciones presidenciales de 2024, sigue bajo la amenaza de acusación federal.

Garland nombró a un fiscal especial para supervisar esta investigación, y otras sobre el papel de Trump en el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021.

Aunque no es la misma cantidad de documentos, ayer se palpó el malestar entre los demócratas.

“¿Recuerdan cómo reaccionó el ala demócrata cuando el entonces gobernante Trump se llevó los supuestos documentos ‘confidenciales’ a casa? Hoy está muy callada”, comentó el congresista republicano Jim Jordan, un incondicional del magnate.

El propio jefe de la Casa Blanca estaba a la defensiva. “Documentos clasificados junto a su Corvette, pero, ¿a quién se le ocurre?”, le preguntó un periodista del canal conservador Fox News.

El mandatario respondió que hablaría “pronto, si Dios quiere” sobre el tema. “Además, mi Corvette está en un garaje cerrado. (...) No es como si estuviera en la calle”, agregó el demócrata de 80 años, refiriénose a su coche predilecto, un descapotable verde de los años 60.

Acusan a líder ultranacionalista

Por otra parte, en el inicio de un juicio por conspiración sediciosa, el fiscal federal adjunto Jason McCullough acusó a Enrique Tarrio, ex líder del grupo de extrema derecha Proud Boys, y otros cuatro cabecillas, de dirigir el 6 de enero de 2021 un ataque coordinado contra “el corazón de nuestra democracia” en un intento desesperado por mantener al ex presidente Donald Trump en la Casa Blanca.

McCullough indicó que los Proud Boys sabían que las esperanzas de Trump de un segundo mandato en el cargo se desvanecían rápidamente a medida que se acercaba el 6 de enero. Entonces, los líderes del grupo reunieron una “fuerza de combate” para detener el traspaso de poder a Joe Biden, señaló.

Los líderes de Proud Boys reclutaron nuevos miembros “para ayudarlos a lograr sus objetivos”, expuso McCullough. El 6 de enero, se reunieron en un lugar previamente acordado y comenzaron a avanzar hacia el Capitolio antes de que Trump terminara su discurso.

El caso contra Tarrio y sus cuatro colegas es uno de los más importantes tras el motín del 6 de enero en el Capitolio.