Lima. Miles de personas exigieron ayer por las calles de Lima la renuncia de la presidenta, Dina Boluarte, el cierre del Congreso y la liberación del destituido mandatario Pedro Castillo, en una nueva protesta multitudinaria en la capital peruana después de varias semanas, en medio de una ola de disturbios y represión policíaca en el país, principalmente en el sur, que ya dejan 49 muertos, y el anuncio de la renuncia de ministro del Trabajo, Eduardo García, quien exigió “cambios de rostros” en la dirección del gobierno y un tiempo más corto para llamar a elecciones generales.

Cargando ataúdes de cartón, fotos de las víctimas y carteles con mensajes antigubernamentales, los manifestantes corearon “Dina asesina”, en una de la mayores crisis que afronta el país en su historia contemporánea. La marcha en Lima, que se desarrolló sin incidentes con la policía, fue convocada por sindicatos y partidos de izquierda.

Horas antes, el primer ministro, Alberto Otárola, reafirmó, en una conferencia, que Boluarte no renunciará y que esperan las elecciones anticipadas propuestas para abril de 2024, dos años antes de lo previsto.

“Ese hecho no se va a dar y no a causa de que ella no quiera hacerlo, sino porque la Constitución requiere que esta sucesión que se ha dado se afiance. Dejar la presidencia sería abrir una compuerta peligrosísima para la anarquía”, consideró.

Las protestas entran a su segunda semana consecutiva tras una tregua por fin de año y son promovidas por sectores sociales y gremios campesinos que exigen también justicia para los deudos y sanción para los responsables del uso desproporcionado de la fuerza.

En medio de la protesta, el ministro Eduardo García informó vía Twitter de su renuncia y sostuvo que el país necesita “disculpas” por las muertes y que el gobierno reconozca que “se han cometido errores que deben ser corregidos”.

“La situación amerita un cambio de rostros en la dirección del país y de un adelanto de elecciones que no pueden esperar hasta abril del 2024”, apuntó García, en la primera dimisión tras una renovación parcial del gabinete en diciembre.

En un nuevo reporte, la Dirección Regional de Salud de Puno, al sur de Perú, informó ayer la muerte de Brayan Apaza Jumpuri, de 15 años, lo que elevó a 18 los fallecidos a manos de las fuerzas de seguridad durante las protestas en la localidad de Juliaca del lunes pasado. Además pereció un recién nacido, que no pudo ser trasladado a un hospital por los bloqueos y un policía fue quemado en su patrulla.

Con este nuevo recuento, desde la destitución y arresto de Castillo, cuando intentó disolver el Congreso el pasado 7 de diciembre, se han contabilizado 49 defunciones, al tener en cuenta los 28 civiles que perecieron en diciembre y la muerte antier del líder campesino Remo Candia Guevara en Cusco.

El Congreso aprobó conformar una comisión especial para investigar las decenas de muertes, entre ellas la de un oficial, como producto de fuertes choques ocurridos principalmente en el sur de la nación andina.

En Juliaca, miles de personas enterraron, entre llantos y consignas antigubernamentales, a la mayoría de los fallecidos con rituales católicos en el cementerio La Capilla.“No ha muerto por causa natural, tampoco por una enfermedad, a él lo mataron”, comentó Sonia Quispe, sosteniendo un retrato de Marco Quispe, de 55 años.

Durante esta jornada, se registraron bloqueos en 10 de las 25 regiones del país, afectando a Tacna, en la frontera con Chile; Puno, Cusco, Arequipa y Madre de Dios, entre otras, detalló la Superintendencia de Transporte Terrestre.

Ayer, en Cusco, una de las mecas del turismo mundial que acude a la ciudadela de Machu Picchu, el gobierno cerró temporalmente el aeropuerto internacional Alejandro Velasco Astete ante el alto riesgo de que sea tomado por manifestantes pese a estar resguardado por un contingente policial y militar.

Una delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos visita varias ciudades del país andino, entre ellas Juliaca, para recoger los diferentes testimonios sobre el conflicto.