Barcelona. La justicia española retiró ayer el jueves el cargo de sedición contra el ex presidente catalán Carles Puigdemont por el intento de secesión en 2017, después de que el gobierno de izquierdas suprimió este delito, según la oposición para compensar el apoyo parlamentario de los independentistas catalanes.

El juez del Tribunal Supremo encargado de la causa contra el ex líder separatista “aplica la derogación de la sedición a Puigdemont pero mantiene su procesamiento por malversación y desobediencia”, indicó el organismo en un comunicado emitido en el mismo día de la entrada en vigor de la reforma.

El togado instructor mantiene a Puigdemont los delitos de deso-bediencia y malversación por el dinero público supuestamente desviado para el intento secesionista, que podrían valerle varios años de cárcel.

Desde Bruselas, Puigdemont sugirió que no volverá a España hasta que la justicia europea resuelva los casos que le afectan, porque “no se trata de aceptar ser condenado por delitos supuestamente menores, que finalmente tampoco lo son. Estamos al final del recorrido de la batalla judicial europea, y la libraré hasta el final”, aseguró el ex mandatario, rematando que no volverá “ni esposado ni rendido ante un juez español”.

El delito de sedición, principal cargo por el que la justicia española procesó a Puigdemont –y central en la condena a 13 años de cárcel impuesta a quien fue su vicepresidente regional, Oriol Junqueras– fue derogado del Código Penal con la reforma aprobada a finales de diciembre en el Parlamento.

Sustituido ahora por un delito agravado de desórdenes públicos, que conlleva penas más suaves, la nueva tipificación no puede ser aplicada a Puigdemont, según estima el magistrado Pablo Llarena en su auto, en el que lamenta que la nueva ley “aporta un contexto cercano a la despenalización” de los hechos de 2017.

El magistrado declara, por tanto, sin efecto las órdenes europeas de detención vigentes y pospone la emisión de unas nuevas hasta que la justicia europea decida las cuestiones sobre la inmunidad de Puigdemont en su caracter de de europarlamentario y el propio alcance de estas órdenes.

La controvertida reforma del Código Penal fue aprobada antes de Navidad en medio de una intensa polémica con los partidos de la oposición, e incluso dentro de las mismas filas del presidente socialista Pedro Sánchez, ante lo que consideraban una peligrosa concesión del Ejecutivo a sus socios parlamentarios independentistas.

“Pedro Sánchez cumple sus promesas: Puigdemont volverá a España... con alfombra roja”, criticó Elías Bendodo, el coordinador general del opositor Partido Popular (PP, derecha).

Izquierda Republicana de Cataluña (ERC), en el poder regional y aliado de Sánchez en el Parlamento español, valoró “positivamente el reconocimiento, por parte del propio juez Llarena de que no hay ninguna sustitución del delito de sedición, sino que se ha producido su eliminación efectiva”.

La formación de Puigdemont, Junts X Cat, rival electoral de ERC y muy crítica con su diálogo con Madrid, no se ha pronunciado.