Chihuahua, Chih., El Poder Judicial de Chihuahua y su representante ante el Consejo de la Judicatura del estado, Luis Villegas Montes, ocultan denuncias de acoso laboral y fabrican investigaciones administrativas contra jueces y funcionarios del Tribunal Superior de Justicia, con el fin de extorsionarlos y negociar vacantes en los juzgados y en dependencias como el Instituto de Justicia Alternativa estatal.

Seis juzgados de distrito y dos tribunales colegiados del Poder Judicial de la Federación han dado trámite a 20 juicios de amparo y 25 recursos que señalan el secreto con la cual la Unidad de Investigación de Responsabilidades Administrativas (UIRA) del Poder Judicial del estado procesa las supuestas denuncias y realiza las investigaciones.

Los juicios de amparo también apuntan a las direcciones de recursos humanos y a la de Derechos Humanos e Igualdad de Género del Poder Judicial, así como al propio magistrado y consejero de la Judicatura Luis Villegas, por actos de extorsión, amenazas y fabricación de los casos en agravio de la jueza décima familiar por audiencias, Sabela Patricia Asiain Hernández, con la finalidad de que renuncie.

Entre los recursos que ha resuelto el segundo tribunal colegiado en materias penal y administrativa del 17 circuito está la queja 463/2022, la cual advierte que los actos de hostigamiento contra Asiain Hernández ponen en riesgo la independencia judicial y entorpecen el acceso a la justicia de las personas y familias. “Afectan a la sociedad, puesto que le impiden desarrollar su función y el derecho a la libertad de trabajo que le ha sido encomendado como juez de lo familiar”.

Acusaciones de acoso sin sustento

En otro caso, tres empleadas de la UIRA, identificadas como Adriana Rodríguez Lucero, Rosa Alba Montes Luján y Nancy Ramírez Romero, se quejaron de acoso laboral y discriminación: por instrucciones de Luis Villegas se les negó el cambio de adscripción. Además, fue la contraloría del Poder Judicial y no el órgano de control (al cual corresponde) la que dio trámite a la denuncia.

Al mismo tiempo, la UIRA ocultó una denuncia del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Gobierno estatal en relación con dos empleados del juzgado décimo familiar que denunciaron violencia, malos tratos, presiones y aislamiento; además evadió investigar al magistrado Luis Villegas y a una funcionaria de la Dirección de Derechos Humanos e Igualdad de Género por presunta extorsión y fabricación de casos.

Tales hechos fueron denunciados por la jueza Sabela Patricia Asiain en los amparos números 1249/2022, 2026/2022, 1626/2022 y 1383/2022; en este último se obligó a la UIRA a que concluyera la investigación sobre los supuestos malos tratos y el resultado fue un dictamen de no ejercicio de responsabilidad administrativa, el cual determinó falta de testimonios que acreditaran el acoso.

Otro amparo, el 1743/2022, denunció que el juzgado décimo familiar, encabezado por la jueza Asiain Hernández, sufrió discriminación del departamento de recursos humanos del Poder Judicial de Chihuahua, “al negarse a cubrir las vacantes en el juzgado, obligando a realizar más con menos personal”, y dejó a la jueza con pocos trabajadores.

La juzgadora denunció al magistrado y consejero de la Judicatura, Luis Villegas, por amenazas directas y la presunta extorsión, que se acreditan en una conversación del 6 de junio de 2022; ella presentó un audio y logró una sentencia de medidas de protección.

Implicado se queja de persecución política

En noviembre pasado, el juzgado de distrito impuso a Villegas Montes una orden de restricción para que se abstenga de contactar a Asiain “en el plano administrativo, laboral y personal, y que ella esté en posibilidad de realizar su función jurisdiccional de manera independiente y segura”.

Luis Villegas Montes ha asegurado que sufre persecución política de Morena por su cercanía con la gobernadora panista María Eugenia Campos Galván.