Brasilia. El gobierno brasileño redobló la seguridad en Brasilia ayer, cuando seguidores del ex presidente Jair Bolsonaro anunciaron otra marcha hacia la sede de los poderes públicos, tres días después de que violentas protestas arrasaron el Congreso, el Supremo Tribunal Federal y la sede de la presidencia.

Por lo pronto, más de 650 personas continúan detenidas por participar en “actos terroristas”, de acuerdo con las las autoridades, en momentos en que circulaba en las redes sociales una convocatoria para protestar en varias capitales con la consigna: “megamanifestación nacional para retomar el poder”.

En Brasilia, el gobierno desplegó fuerzas del orden para resguardar la Explanada de los Ministerios, que concentra los edificios sede de las secretarías de Estado y que desemboca en el Congreso Nacional, el palacio presidencial de Planalto y el Supremo Tribunal Federal, tomados por una turba de seguidores del ex presidente Jair Bolsonaro en un intento de golpe de Estado.

El gobernador del Distrito Federal, Ibanéis Rocha, fue separado provisionalmente del cargo, y un ministro del TSF ordenó la detención de Anderson Torres, ex ministro de Bolsonaro y quien fungía como secretario de Seguridad de la capital, por presunta “omisión y connivencia” con el asalto del domingo.

La policía federal detuvo a Ana Priscila Azevedo, a quien considera una de las organizadoras del ataque del domingo, al tiempo que uno de los detenidos aseguró que miembros de las fuerzas armadas intentaron ayudarlos a escapar antes de que fueran arrestados.

El presidente Luiz Inácio Lula da Silva, lamentó que Bolsonaro siga negando su derrota en las elecciones y que eso haya servido a un grupo de “chiflados” a cometer los actos violentos.

“No quiero ni pensar que se trata de un golpe (de Estado), es algo menor”, expresó Lula, quien agradeció al Congreso por aprobar rápidamente su decreto presidencial para intervenir la seguridad pública en el Distrito Federal.

En tanto, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión respaldó ayer al gobierno del presidente Lula da Silva, tras rechazar enérgicamente las acciones violentas con las que se pretendió “desestabilizar el orden constitucional” del país sudamericano.

(Con información de Enrique Méndez y Georgina Saldierna )