Barcelona. La justicia española retiró el jueves el cargo de sedición contra el expresidente catalán Carles Puigdemont por el intento de secesión de 2017, después de que el gobierno de izquierdas suprimiera este delito, según la oposición para compensar el apoyo parlamentario de los independentistas catalanes.

El juez del Tribunal Supremo encargado de la causa contra el ex líder separatista "aplica la derogación de la sedición a Puigdemont pero mantiene su procesamiento por malversación y desobediencia", indicó el organismo en un comunicado emitido en el mismo día de la entrada en vigor de la reforma.

El juez instructor mantiene a Puigdemont los delitos de desobediencia y malversación, por el dinero público supuestamente desviado para el intento secesionista, que aún podrían valerle varios años de cárcel.

El delito de sedición, principal cargo por el que la justicia española procesó a Puigdemont -y central en la condena a 13 años de cárcel impuesta a quien fuera su vicepresidente regional, Oriol Junqueras- fue derogado del Código Penal con la reforma aprobada a finales de diciembre en el Parlamento.

Sustituido ahora por un delito agravado de desórdenes públicos, que conlleva penas más suaves, la nueva tipología no puede ser aplicada a Puigdemont, según estima el magistrado Pablo Llarena en su auto, donde lamenta que la nueva ley "aporta un contexto cercano a la despenalización" de los hechos de 2017.

La ministra de Justicia española, Pilar Llop, justificó este jueves aquella reforma asegurando que "es importante restaurar la convivencia en Cataluña" y dar a las cuestiones política "una solución política", no judicial.

Posible regreso de Puigdemont

El magistrado declara, por tanto, sin efecto las órdenes europeas de detención vigentes y pospone le emisión de unas nuevas hasta que la justicia europea decida las cuestiones sobre la inmunidad de Puigdemont como europarlamentario y el propio alcance de estas órdenes.

El abogado de Puigdemont, Gonzalo Boye, aseguró a la prensa en Bruselas que ahora esperaran a que la justicia europea se pronuncie sobre el suplicatorio sobre su inmunidad para plantearse el retorno a España.

"En cuanto salga esa sentencia tomaremos la decisión sobre la fecha", dijo Boyé, que denunció el "ánimo persecutorio" de la justicia española.

La controvertida reforma del Código Penal fue aprobada antes de Navidad en medio de una intensa polémica con los partidos de la oposición, e incluso dentro de las mismas filas del presidente socialista Pedro Sánchez, ante lo que consideraban una peligrosa concesión del ejecutivo a sus socios parlamentarios independentistas.