Luego de que en diciembre pasado el Senado aprobó la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, adoptada en Washington desde 2015, el gobierno federal publicó ayer el decreto oficial con el que se aprueba dicho instrumento.

La convención establece que los países firmantes deben remplazar la visión asistencialista por una en la que se considere al adulto mayor como un sujeto con derechos; se trata de una premisa compatible con las leyes mexicanas y la visión del gobierno federal, se expuso durante su aval en el Congreso de la Unión a finales del año pasado.

Aunque el decreto no define las acciones que adoptará el Estado mexicano con la aprobación del instrumento, durante su discusión en el órgano legislativo Héctor Vasconcelos, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, argumentó que está orientado a “promover, proteger y asegurar el reconocimiento y pleno goce de los derechos humanos y libertades fundamentales de este sector social”.

En la convención firmada en 2015 se define que los países deben adoptar medidas legislativas, administrativas y de otra índole para prevenir, investigar, sancionar y erradicar los actos de violencia contra la persona mayor.

También indica que los adultos mayores tienen derecho a un sistema integral de cuidados que provea la protección y promoción de la salud, cobertura de servicios sociales, seguridad alimentaria y nutricional, así como acceso a vivienda, promoviendo que pueda decidir permanecer en su hogar y mantener su independencia y autonomía, entre otros puntos.