Un día antes de que culminara la selección de los 12 integrantes del jurado que habrán de decidir sobre su inocencia o culpabilidad, los abogados de Genaro García Luna solicitaron al juez federal Brian Cogan impedir a los fiscales presentar pruebas sobre las actividades que el ex secretario de Seguridad Pública desempeñó después de dejar la función pública en 2012 y de mudarse a Estados Unidos.
De acuerdo con la defensa, la parte acusadora no ha demostrado la existencia de un vínculo entre los sobornos que habría recibido García Luna del crimen organizado y la inmensa fortuna que amasó mediante sus empresas de consultoría, por lo que las evidencias de su enriquecimiento resultarían “irrelevantes” en el juicio que se le sigue por los cargos de participar en una empresa criminal continua, conspiración internacional para distribuir cocaína, conspiración para distribuir y poseer cocaína, conspiración para importar cocaína, y hacer declaraciones falsas. Con independencia de lo que determine el togado, está claro que la pretensión del superpolicía del calderonato es en todo punto insostenible.
Su actuación corrupta al frente de la Dirección de Planeación y Operación de la extinta Policía Judicial Federal, de la también desaparecida Agencia Federal de Investigación (AFI), y de la Secretaría de Seguridad Pública (cargos que desempeñó en los sexenios de Vicente Fox y Felipe Calderón) es manifiestamente inseparable de su posterior carrera empresarial, pues fueron las conexiones y complicidades tejidas dentro del Estado las que le habilitaron para vender sus servicios privados en el ramo de la seguridad, como lo exhibe el hecho de que su principal cliente fuera el gobierno federal entonces encabezado por Enrique Peña Nieto.
Asimismo, su repentina aparición en Estados Unidos como un acaudalado hombre de negocios resulta inexplicable a partir de sus percepciones como burócrata, cosa que fue desde los inicios de su vida profesional. El mero hecho de que, a través de sus defensores, busque bloquear la presentación a los jurados de pruebas documentales en torno al estilo de vida que llevaba antes de su aprehensión en diciembre de 2019, sugiere que García Luna tiene mucho que ocultar en cuanto al origen, uso y magnitud de su fortuna.
Para las instancias de procuración de justicia en México y Estados Unidos, tales maniobras deben convertirse en un incentivo adicional para continuar indagando la riqueza del ex funcionario, pesquisa que podría redundar en múltiples beneficios: la recuperación de los bienes sustraídos al erario (como busca el caso abierto en Florida por la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda), la desarticulación de redes de tráfico de drogas y lavado de dinero, y la identificación de contactos, socios o cómplices de este siniestro personaje que pudieran permanecer activos en organismos de seguridad.
