Lima. Las protestas en Perú, que ya dejan 46 muertos en un mes, persistieron ayer con bloqueos carreteros en seis regiones del país, mientras el departamento de Puno, fronterizo con Bolivia, dio inicio a un duelo de tres días por el deceso de 17 manifestantes y un policía en la localidad de Juliaca, donde el gobierno impuso un toque de queda.

Un día después de la jornada más violenta desde que comenzaron las movilizaciones en demanda de la disolución del Congreso, la convocatoria a elecciones anticipadas y la renuncia de la presidenta Dina Boluarte, tras la destitución de Pedro Castillo, el fiscalía abrió otra investigación a la mandataria, ahora por el delito de “genocidio”.

El gobierno de Puno decretó tres días de duelo y llamó a la fiscalía a realizar pesquisas para dar con los responsables de las muertes, los saqueos y los ataques a vehículos policiales cometidos la madrugada de ayer.

La represión de las fuerzas del orden provocó 17 muertos, entre ellos un menor de edad, al repeler un intento de toma del aeropuerto de Juliaca, entre los que también se cuentan tres ultimados durante un saqueo en un centro comercial. El jefe de gabinete, Alberto Otárola, defendió a las fuerzas de seguridad que custodian la terminal aérea y sostuvo que actuaron en respuesta a supuesta “una asonada” encabezada por miles de manifestantes que rechazan al gobierno de Boluarte y al Congreso, dominado por la derecha.

Confirman deceso de policía

El jefe del comando operativo de la policía nacional, Jorge Angulo, confirmó la muerte por quemaduras de un policía que fue atacado la madrugada de ayer en su unidad de patrullaje por “desconocidos”.

La Defensoría del Pueblo y el gobierno confirmaron por separado que 68 civiles y 75 policías resultaron heridos, mientras autoridades de salud detallaron que muchas de las lesiones fueron por balas o perdigones. Ante el Congreso, Otárola manifestó que el Consejo de Ministros aprobó un decreto supremo que declara “inmovilización social” (toque de queda) en Puno por tres días, de las 20 a las 4 horas, ante las movilizaciones. Además, declaró duelo nacional laborable hoy por respeto a las víctimas.

Desde la destitución y arresto de Castillo, cuando intentó disolver el Congreso el pasado 7 de diciembre, se han contabilizado 46 defunciones en las protestas: 39 en la confrontación con las fuerzas del orden y otras siete por accidente de tránsito o en sucesos vinculados al bloqueo de carreteras, informó la agencia noticiosa Ap. Hasta finales del mes pasado, cuando pararon las protestas por las fiestas de fin de año, se contabilizaron 28 decesos.

La Conferencia Episcopal peruana exigió al gobierno a frenar la ola de violencia y las muertes.

Durante la jornada de ayer, la fiscalía anunció que empezó otra investigación preliminar contra Boluarte por “los delitos de genocidio, homicidio calificado y lesiones graves, cometidos presuntamente durante las manifestaciones en diciembre de 2022 y lo que va de enero en las regiones de Apurímac, La Libertad, Puno, Junín, Arequipa y Ayacucho”.

Las indagatorias también tienen en la mira a Otárola; los ministros del Interior, Víctor Rojas, y de Defensa, Jorge Chávez; al ex presidente del Consejo de Ministros Pedro Angulo, y ex titular del Interior César Cervantes, tuiteó la Fiscalía.

El viernes pasado la fiscal general, Patricia Benavides, informó sobre el inicio de diligencias preliminares contra Boluarte, Otárola y Cervantes, entre otros funcionarios, para responder a las denuncias penales presentadas el mes pasado por cuatro abogados del departamento sureño de Ayacucho ante las 10 muertes de civiles por disparos presuntamente provenientes de armas de efectivos del ejército y la policía.

Bloqueos en seis regiones

Como parte de las actividades del paro nacional de ayer, la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías reportó 53 tramos de carreteras con tránsito interrumpido por bloqueos en seis regiones: Puno, Cusco, Apurímac, Arequipa, Madre de Dios y Amazonas.

En la región de Ayacucho, miles marcharon en la ciudad de Huamanga en demanda de la renuncia de Boluarte, nuevas elecciones y convocatoria a una Asamblea Constituyente. En las zonas mineras del sur, los líderes de las protestas prometieron una lucha “interminable” contra el gobierno, lo que amenaza con desestabilizar aún más a la nación andina.

En este contexto, el Congreso aprobó el voto de confianza solicitado por el gabinete de Otárola para ser investido. Durante la sesión, parlamentarios de izquierda rechazaron la composición del nuevo gobierno por ser “producto del golpe de Estado parlamentario” y lo responsabilizaron de las muertes, principalmente de civiles, en las protestas.