Brasilia. La Cámara de Diputados de Brasil aprobó ayer la intervención federal de Brasilia decretada el domingo por el presidente Luiz Inácio Lula da Silva para que el Estado asuma las competencias de seguridad después de que las autoridades de la capital se mostraron incapaces de prever y luego frenar un intento de golpe de Estado con el asalto a las sedes de los tres poderes: el Palacio del Planalto, el Congreso y el Tribunal Supremo Federal.

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La medida, aprobada por unanimidad, estará vigente hasta finales de enero y deberá ser ratificada este miércoles por el Senado.

“El pueblo quiere respeto a la ley, las instituciones y el patrimonio público. La mejor respuesta que podemos dar ahora es más democracia”, sostuvo el presidente de la cámara baja, Arthur Lira.

A pesar de que la medida contó con el aval unánime, algunos diputados leales al ex presidente Jair Bolsonaro, como las del Partido Liberal (PL) Carla Zambelli y Bia Kicis, intentaron postergar la votación con el argumento de contar con más tiempo para analizar el decreto presidencial.

Para Kicis, la medida no se justifica, ya que la situación en Brasilia ya está bajo control. “La policía intentó contenerlo, hubo fallas, pero es preciso decir que ya fue controlado”, señaló.

Las únicas dos bancadas de la cámara baja que se abstuvieron de votar fueron las del PL, la formación de Bolsonaro y los también liberales de Partido Novo, detalló el diario Folha de Sao Paulo.

Si bien el decreto de intervención federal tiene valor de ley desde que se estampa la rúbrica del presidente, necesita la aprobación de las dos cámaras del Congreso, que puede autorizar o rechazar el texto sin modificarlo.

El domingo, tras el asalto a las sedes de los tres poderes del Estado, el juez del Tribunal Supremo Federal Alexandre de Moraes ordenó la suspensión durante 90 días del gobernador de Brasilia, Ibaneis Rocha, así como del secretario de Seguridad, Anderson Torres, quien sirvió durante el mandato de Bolsonaro y que estaba a cargo de la seguridad pública en Brasilia durante la invasión del domingo, por “omisión” de sus funciones y “connivencia” con los asaltantes.

Bolsonaro lamentó –desde el hospital de Orlando en el que se encontraba internado por dolores abdominales derivados de un apuñalamiento que sufrió en 2018– que no haya tenido “días tranquilos” desde que está en Estados Unidos, sin citar el “episodio lamentable” que protagonizaron sus seguidores.

El ex mandatario, quien abandonó el nosocomio anoche, explicó que si bien la intención inicial era permanecer en Estados Unidos hasta finales de enero, los problemas de salud que han forzado su ingreso a un hospital han provocado que adelante su vuelta a Brasil.

“Vine (a Estados Unidos) para quedarme hasta fin de mes, pero tengo la intención de anticipar mi regreso, porque en Brasil los médicos ya conocen mi problema de obstrucción intestinal causada por la puñalada”, detalló el ex mandatario, quien huyó en un avión oficial dos días antes de que expirara su mandato.

El ministro de Justicia de Brasil, Flávio Dino, informó que las autoridades identificaron en 10 estados a los responsables de financiar a los participantes del asalto, mientras la policía interrogó a unos mil manifestantes retenidos en un gimnasio abarrotado en la capital, y liberó a cerca de 600 arrestados por su participación en el saqueo a los edificios públicos el domingo.

“Todavía no es posible distinguir claramente las responsabilidades en cuanto a la financiación. Lo que se puede afirmar plenamente es que sí existió. Tenemos una lista de todos los contratistas de autobuses”, explicó Dino.

Asimismo, el titular de la cartera agregó que “todas estas personas serán llamadas a declarar, porque los autobuses han sido contratados y no se han destinado a excursiones turísticas”.

Por otro lado, Dino responsabilizó al gobierno del Distrito Federal, al mencionar que la actuación de las fuerzas de seguridad pública de Brasilia fue “determinante” para posibilitar el asalto a los edificios públicos.

El ministro, además, aseveró que pretende devolver la gestión de la seguridad pública a las autoridades de Brasilia “lo antes posible”, a pesar de que ha asegurado que habrá una “revisión” en el cuerpo policial por su responsabilidad.