Un grupo de 94 organizaciones de la sociedad civil e instituciones educativas tanto del país como del resto del continente, llamaron a los gobiernos de México, Estados Unidos y Canadá a centrar sus discusiones sobre la migración regional en los derechos humanos, la protección humanitaria y el acceso al asilo para las personas que huyen de la persecución.

En la carta firmada por el Instituto para las Mujeres en la Migración (IMUMI), la Universidad Iberoamericana y el Servicio Jesui-ta a Migrantes, entre otros, pidieron a los tres gobiernos adherirse a los acuerdos internacionales vigentes para respetar el principio de no devolución y el acceso al territorio, y no aplicar medidas como el llamado Título 42.

Instaron a “adoptar todas las medidas legales posibles para garantizar que se restablezca y mantenga el acceso al asilo en las fronteras; que se refuercen los sistemas de asilo, y que no se retorne ilegalmente a las personas, ni los expulse en virtud de políticas como el Título 42, ni les prohíban la oportunidad de solicitar refugio. El asilo debe ser accesible a todos independientemente de su nacionalidad, raza, situación legal o modo de entrada”.

En el mismo sentido coincidió Amnistía Internacional, la cual afirmó que desde la implementación del Título 42 en marzo de 2020, casi 2.5 millones de personas que solicitaron asilo, originarias de Centroamérica, Haití y recientemente de Venezuela, fueron expulsadas a México sin tener oportunidad de pedir asilo efectivamente.

“El gobierno de Estados Unidos debe rescindir de inmediato el Título 42 y evitar implementar políticas sobre migración similares que nieguen los derechos de los migrantes y refugiados, incluido el derecho a acceder al territorio y a pedir y recibir asilo”, afirmó Erika Guevara Rosas, directora de Amnistía Internacional para las Américas.