Nueva York., El juicio criminal de Genaro García Luna, el más alto funcionario mexicano procesado en Estados Unidos, empezó ayer con la selección del jurado y las últimas maniobras de estrategia legal de las partes, en preparación de su presencia en el Tribunal Federal del Distrito Este de esta ciudad la siguiente semana.

Al culminar la selección de los 12 integrantes del jurado y sus alternos el próximo martes, se preve que los fiscales y el equipo de defensa hagan sus presentaciones iniciales al jurado, ante el juez y con la presencia del acusado, todo lo cual podría ocurrir posiblemente el 17 o 18 de enero.

La partes han acumulado más de un millón de páginas de documentos, miles más de otros materiales clasificados –incluyendo de tipo visual–, así como horas de grabaciones de comunicaciones intervenidas, más componentes que se ofrecerán en cientos de exhibiciones que ahora serán presentados como evidencia durante el juicio.

Pero el mayor suspenso y drama de este juicio será ofrecido por los testigos que presentarán ambas partes para dar sus testimonios y someterse a interrogatorios de la defensa y de los fiscales, aunque sus identidades sólo serán divulgadas formalmente poco antes de ser convocados a sentarse en el banquillo en el tribunal. Se sabe que incluyeron, según informaron los fiscales, a varios “ex integrantes de alto rango del cártel de Sinaloa”, entre otros.

Se ha acelerado la divulgación de evidencia por parte de la fiscalía al acercarse el comienzo de este juicio, como también las maniobras de ambas partes sobre el manejo que se hará de las pruebas.

Este lunes, los abogados defensores –encabezados por César de Castro y Florian Miedel– enviaron una solicitud al juez federal Brian Cogan, quien preside este juicio, en la que piden ordenar a los fiscales no introducir pruebas sobre las actividades que desempeñó García Luna después de dejar la función pública en 2012 y se convirtiera en ciudadano privado viviendo en Estados Unidos.

Afirmaron que sus bienes financieros “fueron obtenidos a través de ingresos de negocios privados”, y que los fiscales no han establecido un vínculo en toda la evidencia entre los supuestos sobornos de los cuales está acusado y su acumulación de riqueza por sus actividades posteriores a 2012, y agregaron que sin una liga entre ambas, sus ingresos y otra riqueza adquirida después de ese año “es evidencia irrelevante” en este juicio.

La defensa afirma que los fiscales cuentan con pruebas válidas para demostrar que los bienes de García Luna en Florida están de alguna manera vinculados a los supuestos sobornos de cárteles de droga, de los cuales está acusado.

Por lo tanto, permitir que los fiscales muestren al jurado por medio de declaraciones de testigos o fotos de sus bienes –incluyendo sus residencias y oficinas de lujo en este país– sin evidencia para asociar esas adquisiciones a las actividades ilícitas por las que es procesado, ofrecerán una imagen infundada al jurado.

De hecho, señalan que los bienes e ingresos de García Luna eran muy limitados cuando llegó a Miami a fines de 2012, donde “no tenía riqueza de qué hablar y no podía tener un estilo de vida de lujo”. Señalan que sus socios de negocios son quienes le ofrecieron una casa grande con un muelle y un barco para su uso, pero que no eran de su propiedad, y que fue sólo a través de su negocio de consultoría y servicios de seguridad que empezó a acumular riqueza. Su principal cliente fue el gobierno de México.

Sobornos multimillonarios datan de 2001

Los cargos contra García Luna por parte del Departamento de Justicia de Estados Unidos señalan que participó en una conspiración de narcotráfico que empezó en 2001, al aceptar sobornos multimillonarios del cártel de Sinaloa cuando fue jefe de la Agencia Federal de Investigación (AFI), después como secretario de Seguridad Pública y que su actividad ilícita continuó hasta su arresto en Dallas, Texas, en 2019.

Con esta solicitud, la defensa busca descartar cargos relacionados con actividades una vez que García Luna dejó de trabajar en la administración federal.

El gobierno de México, por medio de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, tiene un caso legal en Florida en contra de García Luna, con el cual busca recuperar por lo menos 250 millones de dólares que le fueron robados por el ex secretario de Seguridad Pública y lavar los fondos, en parte en Florida, Barbados y otros lugares. Según los abogados defensores, para el gobierno de México ese caso no está relacionado con el de Nueva York.

Por otra parte, aún se espera la respuesta del juez Cogan a la petición de los fiscales presentada a fines de diciembre de que se impida a la defensa presentar declaraciones del acusado cuando primero fue arrestado por agentes de la DEA en Dallas, en diciembre de 2019, que queden excluidos también todos los elogios al acusado por parte de oficiales y políticos estadunidenses durante su gestión como funcionario público y que no se presente ninguna referencia al caso desechado contra otro alto funcionario mexicano, el general Salvador Cienfuegos Zepeda.

En este juicio, García Luna enfrenta cinco cargos, cuatro de ellos en torno a la supuesta conspiración en la que brindó asistencia al cártel del Sinaloa a cambio de sobornos multimillonarios, y el quinto por rendir declaraciones falsas ante autoridades estadunidenses. El juicio –si es que no hay sorpresas, lo que incluye una negociación con el indiciado– podría durar dos meses, de acuerdo con estimaciones de los fiscales.