Estudiantes de diversas organizaciones, diputados y senadores, partidos políticos, así como organismos ciudadanos y civiles, manifestaron ayer su repudio al encarcelamiento de Javier Armenta, Alexis Rojas e Ilich Cisneros, alumnos de la Universidad de Guadalajara (UdeG) a quienes se dictó prisión preventiva oficiosa el 5 de enero pasado.

A los jóvenes se les acusa de invadir un predio adquirido por el ayuntamiento local para construir un parque público, pero es posesión de empresas inmobiliarias que impulsan el conjunto Iconia.

La senadora morenista Lilia Margarita Valdez demandó que se solicite al Consejo de la Judicatura de Jalisco que revise el cumplimiento del debido proceso en el caso de los tres alumnos de la UdeG.

Anunció en conferencia de prensa que el próximo miércoles presentará un punto de acuerdo ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión para solicitar que pare el hostigamiento del gobierno de Jalisco contra los jóvenes.

La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, la panista, Kenia López, afirmó que el encarcelamiento de Javier, Iván y Alexis es un retroceso en el respeto a las garantías individuales.

Al exhorto también se sumaron el líder nacional morenista, Mario Delgado, además de la Organización Continental Latinoamericana y Caribeña de Estudiantes; a su vez, la subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, por conducto de su titular, Alejandro Encinas, anunció que da seguimiento al asunto.

En Guadalajara hubo pronunciamientos de regidores de Morena para exigir la libertad de los estudiantes, aunque en el Congreso del estado, el grupo parlamentario guinda, encabezado por el ex panista José María Martínez, evitó sumarse, al igual que Movimiento Ciudadano (MC) y el Partido Acción Nacional.

Otros apoyos vinieron del Partido Revolucionario Institucional en Jalisco, de la Unión de Pueblos y Organizaciones de Jalisco por el Agua, la Salud y El Territorio, colectivos vecinales, académicos e investigadores a título individual.

En una audiencia celebrada el 5 de enero, a los jóvenes se les acusó de despojo violento de inmuebles y aguas de un predio de 13.6 hectáreas en Huentitán, al norte de Guadalajara.

El juez Felipe de Jesús Rivera Gallegos –esposo de María Cristina Estrada Domínguez, ex regidora, ex síndica y actual funcionaria del ayuntamiento gobernado por MC– les impuso prisión preventiva oficiosa. Este martes se reanudará la diligencia para que se determine si son sometidos a proceso penal.

La detención de los universitarios provocó el repudio de diversos sectores; este lunes sumaban al menos 50 tiendas de campaña instaladas por estudiantes y funcionarios de la UdeG fuera de Casa Jalisco, residencia oficial del gobernador Enrique Alfaro.

En el plantón instalado el jueves, y que bloquea la avenida Manuel Acuña han pernoctado directivos universitarios encabezados por el rector Ricardo Villanueva.

Ante la presión pública, finalmente la tarde del lunes el mandatario emecista dio su versión en un video, como acostumbra, para señalar que él no tiene que ver con la detención de los estudiantes.

Puntualizó que se trata de un asunto del Poder Judicial y no del Ejecutivo, e insistió en que además es un asunto “entre particulares”, pues aunque no existe registro de que el terreno haya sido comprado por las empresas denunciantes, se trata de un predio privado.