Madrid. Cerca de 170 líderes de consejos locales israelíes enviaron ayer una carta al gobierno en protesta por una iniciativa para fomentar la educación ultraortodoxa haredi en el país.

Los dirigentes se refieren a una cláusula incluida en los principios del gobierno de coalición ultraderechista que encabeza el premier Benjamin Netanyahu, la cual propone a los consejos que desvíen parte de sus fondos hacia instituciones “informales” que imparten estrictas enseñanzas.

La carta está dirigida a Netanyahu, al ministro de Finanzas, Bezalel Smotrich (líder del Partido Sionista Religioso de extrema derecha y uno de los puntales ideológicos del nuevo gobierno) y el ministro de Educación, Yoav Kisch.

Los inconformes denuncian que estas instituciones haredíes “no enseñan el abanico entero de estudios seculares que exige la ley”, y aseguran que no tienen intención “de beneficiar a una población por encima de las demás”, según la carta retomada por el Times of Israel.

“Como es el Estado el que reconoce a estas instituciones, corresponde al Estado financiarlas”, avisan los consejos que, además, entienden esta maniobra como un intento de “expropiación” de sus competencias educativas.

“No vamos a permitir que nos impongan esta enorme carga financiera cuando ya estamos obligados a destinar parte de nuestros presupuestos a los servicios formales de educación”, aseguraron.

En tanto, Netanyahu, tuiteó ayer una crítica a la manifestación de Tel Aviv de la noche anterior contra del gobierno ultraderechista recién electo, catalogándola de “incitación salvaje”.

“Vi las duras imágenes de anoche de la manifestación de izquierda que comparó al ministro de Justicia con los líderes de los nazis”, lamentó Netanyahu.

Señaló que había banderas de la OLP (Organización para la Liberación de Palestina) y agregó que es una “incitación salvaje que no fue condenada por la oposición ni por los principales medios de comunicación”.

Netanyahu rechazó ayer las críticas a las propuestas de reforma judicial del ministro de Justicia, Yariv Levin, diciendo que “carece de fundamento el argumento de que la reforma es el fin de la democracia”, indicó un comunicado de su oficina.