Ciudad de México. Con objeto de frenar la tendencia de que 8 de cada 10 contratos del gobierno federal se autorizan por adjudicación directa, la bancada del PRI en la Cámara de Diputados presentó una iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el artículo primero de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, “a fin de establecer que las contrataciones públicas deberán apegarse a los principios de ética, transparencia y máxima publicidad.”

Jaime Bueno, legislador del Revolucionario Institucional expuso que la propuesta -turnada a la Comisión de Transparencia y Anticorrupción- busca que, a través de la aplicación de estos fundamentos se genere una dinámica positiva en las adquisiciones públicas y fortalecer la confianza ciudadana en los servidores públicos.

El texto de la propuesta sostiene que Administración Pública Federal (APF) entregó en 2021 un total de 157 mil 796 contratos, de los cuales el 80.3 por ciento se adjudicó directamente; en tanto, las licitaciones públicas representaron 10.3 por ciento y las invitaciones restringidas 6.1 por ciento, mientras que 3.2 por ciento se realizaron con otros mecanismos.

A esto se suma que, “en el mismo periodo, el actual gobierno entregó 52 contratos a empresas fantasma por un monto de 162 millones de pesos. La dependencia que adjudicó los mayores montos a estas figuras (108.5 millones de pesos) fue la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.”

Durante el año que concluyó las instituciones con mayores montos y porcentajes de adjudicaciones directas fueron el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el Banco de Bienestar y el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi).

Por todo ello, “el incorporar los principios de ética, transparencia y máxima publicidad en el texto de la ley, se obliga su aplicación en todos los procedimientos fundamentados, con el fin de generar procesos más transparentes, dar mayor certeza a la ciudadanía y más claridad entre competidores, elementos que permitirán a los servidores públicos ampliar el espectro de las adquisiciones públicas”.