El subsecretario de Hacienda y Crédito Público, Gabriel Yorio Hernández, anunció que en los primeros 11 meses del año pasado se ejerció un gasto social de 3 billones de pesos. Si bien se trata de cifras preliminares, cobran máxima importancia por varios motivos: por principio de cuentas, es el monto más alto destinado a salud, educación y bienestar desde que se tiene registro; además, representa un incremento real de 5 por ciento con respecto a 2021, y se canalizó en un contexto de manejo responsable de las finanzas, con un gasto público total que rebasó en apenas 6 por ciento lo presupuestado.
Como destacó Yorio, esto fue posible gracias al cumplimiento de las metas fiscales programadas. Las estimaciones disponibles indican que el gobierno federal obtuvo ingresos superiores a su objetivo por uno por ciento del producto interno bruto, lo cual podría explicarse, al menos en parte, por el alza de 13 por ciento real en la recaudación del impuesto sobre la renta (ISR), uno de los dos tributos que muestran el comportamiento de la actividad económica. Aunque sin duda el mayor pago de ISR se debe, en gran medida, al crecimiento económico registrado el año pasado, no puede soslayarse el papel que la voluntad política juega en este avance: el jueves anterior La Jornada informó que en 2022 las auditorías a grandes contribuyentes permitieron al Servicio de Administración Tributaria (SAT) recaudar 233 mil 270 millones de pesos, una cifra impensable en los sexenios anteriores, cuando la mezcla de ideología neoliberal y el tráfico de favores facilitaba a las grandes corporaciones y a los dueños de capitales eludir sistemáticamente el pago de impuestos.
Queda claro que el abandono del paradigma neoliberal habilita al Estado a captar recursos indispensables para mantener finanzas públicas sanas, con un endeudamiento bajo control y con la posibilidad de incluso aliviar la carga de los compromisos heredados, como se hizo en diciembre pasado al restructurar la deuda externa, de tal manera que el próximo gobierno quede aligerado de presiones económicas, lo cual es todavía más importante: permite contar con los medios para pensionar a 10 millones 500 mil adultos mayores y a un millón de niños y niñas con discapacidad, becar a 11 millones de estudiantes, dar una oportunidad de capacitación y entrada al mundo laboral a 2 millones 315 mil jóvenes, dotar de un jornal permanente a 449 mil 570 sembradores, y basificar a 650 mil docentes.
Más allá del impacto directo que esta iné-dita dispersión de recursos públicos tiene en las vidas de sus millones de beneficiarios, debe recordarse que la finalidad central de los apoyos dirigidos a estudiantes y jóvenes es retenerlos en la escuela y alejarlos de los contextos que los ponen en peligro de caer en manos del crimen organizado. A contrapelo de lo que suponen las derechas incapaces de entender la transformación en curso, es evidente que el presupuesto social, más que un gasto, es una inversión en la paz y en la seguridad tan anheladas por la ciudadanía.
