Madrid. La embajada de Venezuela en Estados Unidos, bajo control del opositor Juan Guaidó desde 2019, informó del cese de sus funciones tras la disolución del “gobierno interino”, acordado por la opositora Asamblea Nacional de Venezuela el pasado 30 de diciembre.

“Informamos a la comunidad venezolana en Estados Unidos, y en general, que la embajada y todos sus funcionarios cesaron de manera oficial funciones”, detalla un comunicado difundido por la propia delegación.

La medida, según el texto, fue “decidida por la mayoría de diputados de la Asamblea Nacional electa en 2015”, que aprobó una reforma de “la Ley de Estatuto que rige la Transición y, forma inconstitucional”.

El parlamento, controlado por la oposición, habría apoyado la eliminación del gobierno interino y del servicio exterior del mismo, incluida la diplomacia en Estados Unidos, la cual estaba a cargo de Carlos Vecchio desde 2019.

“Lamentamos profundamente la afectación que esta decisión pueda causar a nuestros ciudadanos venezolanos en Estados Unidos.

“En los próximos días presentaremos debida rendición de cuentas”, agregó la embajada, y destacó que “con recursos muy limitados” su personal trabajó con “profunda vocación de lucha”.

Guaidó llegó a ser reconocido por más de medio centenar de países como “presidente interino” en 2019 tras su autoproclamación después de no reconocer los resultados de las presidenciales de 2018.

La oposición argumentó su decisión de retirarlo del “interinato” por no establecer una estrategia para deponer a Nicolás Maduro.

En este contexto, Maduro designó a Yván Gil como canciller y a Pedro Tellechea en la presidencia de la estatal Petróleos de Venezuela SA.

El cambio en la directiva de la estatal petrolera se da un mes después de que el gobierno venezolano suscribiera acuerdos con Chevron, la última gran compañía petrolera estadunidense en el país.

Sucedió luego de que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunciara su decisión de ampliar la licencia de la compañía para operar en Venezuela, después de varios años de baja en los ingresos por las sanciones impuestas a la empresa.