Carlos Monsiváis postula en Días de guardar: “¿Cuál es la noción de tiempo en un país en vías de desarrollo? El tiempo del subdesarrollo suele ser en cuanto a forma, circular, y en cuanto a técnica de aprendizaje, suele poblarse de pequeños niveles... El eterno retorno es la precaria y atroz sensación continua que nos informa de que esto ya lo vivimos, de que esto ya lo intentamos, de que esto ya fracasó”.
Señalaba en mi artículo de La Jornada del 9/12 que la segunda ola progresista está fuertemente restringida por la arquitectura institucional de sus regímenes, por la fortaleza de los poderes fácticos, por la fragmentación de las fuerzas populares y por el desprestigio de la política misma.
Perú, democracia por defecto. Barrenechea y Encinas (2022, Santiago) proponen siguiendo a Lucan Way ( Pluralism by Default: Weak Autocrats and the Rise of Competitive Politics, 2015) que la democracia peruana “se sostiene en el empate entre actores débiles, incapaces de destruirse unos a otros. Se trata, en los hechos, de una democracia por defecto.” Desde las elecciones de 2016, cuyo presidente electo renunció dos años después ante un Parlamento totalmente contrario, lo que define a Perú han sido tres características de la escena política: revelaciones de corrupción, inestabilidad política y desprestigio de los actores políticos. Cinco ex presidentes desde 2001 hasta 2020 fueron vinculados en el caso Lava Jato de Brasil, algunos han sido depuestos por el Congreso, otros están enjuiciados o encerrados y uno más se suicido. La democracia por defecto peruana, ya de por sí un equilibrio inestable, se ha precarizado aún más como resultado de tres asuntos. En primer lugar, el uso inédito de las armas nucleares de la constitución (la vacancia presidencial y la disolución del Congreso) a lo largo del quinquenio pasado. El segundo factor es la llegada de Castillo. No sólo un outsider, sino radicalmente periférico con respecto al poder político. Su incapacidad para articular una coalición robusta y competente respecto al manejo del Estado lo hizo más vulnerable que presidentes anteriores. El tercer factor es la aparición de una derecha radical. Se trata tanto de nuevos actores y movimientos como de viejos partidos y personalidades de ese lado del espectro que en tiempo reciente se han vuelto más extremos en su lenguaje, comportamiento y en lo que están dispuestos a hacer para derrotar a sus oponentes.
De la concertación a la movilización. Desde el triunfo de las fuerzas democráticas en los noventa Chile pasó por casi tres décadas de estabilidad política y crecimiento económico. Una amplia coalición de fuerzas de izquierda y derecha logró lo anterior con un alto costo en términos de desigualdad y exclusión y fuertes restricciones impuestas por la oligarquía chilena y la propia institucionalidad heredada de la dictadura. La irrupción popular de 2019 fue sin duda la mecha que encendió la pradera. Lo más sorprendente es que la movilización condujo a la demanda central de una nueva constitución. El plebiscito votado el 25 de octubre de 2020 no sólo aprobó la opción por una nueva constitución en una proporción de cuatro quintos: en similar medida ganó la opción por una Convención Constituyente para elegir sus 155 miembros por sufragio popular. En diciembre de 2021 gana la coalición Apruebo Dignidad, que encabezaba Gabriel Boric, la elección presidencial. Sin embargo, en septiembre de 2022 el referendo a favor o en contra de la constitución arrojó resultados sorprendentes. Mientras 78 por ciento habían votado en 2020 por una nueva constitución, en 2022 casi 62 por ciento la rechazó. Aún más, mientras en 2020 todas menos cinco comunas, apoyaron la propuesta, en 2022 sólo ocho comunas la apoyaron. Las dos grandes reservas de votos progresistas, la Región metropolitana de Santiago y la de Valparaíso, rechazaron en 55 por ciento la nueva constitución. ¿Qué lecciones obtenemos de lo anterior?
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