La detención de Ovidio Guzmán generó múltiples reacciones de la clase política, organizaciones de la sociedad civil, académicos, representantes de la Iglesia católica e instituciones gubernamentales. Mientras la dirigencia de Morena calificó el hecho como una muestra de que no hay impunidad, desde las filas del PRI destacaron la labor de las fuerzas armadas en dichas acciones.

“No somos iguales y hoy vuelve a quedar demostrado, no hay impunidad en nuestro país y no se protege a nadie”, adujo Mario Delgado, dirigente nacional de Morena, en relación a la captura del hijo de Joaquín El Chapo Guzmán, y aseveró que ahora “hay una forma diferente de actuar, con inteligencia y estrategia, y eso nos lleva a una mayor eficacia”.

En el Senado, el coordinador de la bancada morenista, Ricardo Monreal, por medio de un mensaje en redes sociales, señaló: “La ley debe imperar en nuestro país. La sociedad, las instituciones del Estado y las instancias de los tres órdenes de gobierno debemos hacer un frente común de respaldo tanto al Ejecutivo federal como al estatal para lograr la pronta normalización de la vida en Sinaloa”.

La movilización armada para detener a Guzmán López fue ponderada por el presidente del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas. A través de sus redes expresó: “mi mayor reconocimiento a las mujeres y hombres de nuestras fuerzas armadas, quienes este día han dado muestra de amor y lealtad a México, así como de su capacidad para defender a la nación”.

El dirigente priísta resaltó la acción militar, de la cual, como todos los mexicanos, “me siento muy orgulloso de su compromiso y entrega, gracias por su servicio”.

La senadora tricolor Beatriz Paredes también confió en que la normalidad se restablezca de manera paulatina en beneficio de los sinaloenses y rechazó que se pueda hablar de un Estado fallido. “Creo que México es mucho más fuerte que una circunstancia regional”, agregó.

Los hechos de ayer revelan que “sí se requiere cierta fuerza física del Estado mexicano” contra las organizaciones criminales y que dichas acciones se pueden combinar con la estrategia preventiva de “abrazos, no balazos” que enarbola el actual gobierno federal, señaló en entrevista el académico universitario Javier Oliva.

El profesor de la UNAM consideró este nivel de violencia como “algo insólito que demuestra la capacidad táctica y el despliegue” de las organizaciones criminales en el país. Apuntó que “la respuesta del Estado mexicano, no del gobierno en turno, no puede ser proporcional, sino incremental: debe haber un mayor despliegue para recuperar lo antes posible la paz pública y la aplicación de la ley”.

Diversas instituciones públicas informaron a la población de la entidad la suspensión de servicios. El Instituto Mexicano del Seguro Social suspendió consultas familiares en clínicas de primer nivel, así como de especialidad y cirugías programadas en los hospitales. También estuvieron cerradas las guarderías. Únicamente se mantuvieron actividades en servicios de urgencias y atención a pacientes críticos.

Mientras la Secretaría de Bienestar también detuvo las actividades relacionadas con los programas federales en el estado “hasta nuevo aviso”, el Instituto Nacional Electoral informó que los módulos de atención ciudadana en Culiacán pararon actividades.

Ante la violencia en varias partes de Sinaloa, Amnistía Internacional exigió a las autoridades mexicanas garantizar la vida, seguridad e integridad de las personas civiles en Culiacán y en toda la entidad.

En tanto, Rogelio Cabrera López y Ramón Castro, presidente y secretario general de la Conferencia del Episcopado Mexicano, respectivamente, llamaron a los grupos criminales a “recapacitar” y a las autoridades a “mantener la estabilidad nacional y el estado de derecho”.